El Grupo Popular de la Diputación de Cuenca ha exigido a las Confederaciones Hidrográficas que paren y anulen las sanciones impuestas a los municipios de menos de 2.000 habitantes en materia de depuración de aguas. También ha pedido a la Junta de Comunidades que dote a estas localidades de un sistema de tratamiento de aguas residuales y a la institución provincial que preside Martínez Chana “que no permanezca impasible ante esta injusticia, es decir, que reclame al Gobierno de Page que cumpla con este cometido y que preste asistencia jurídica que evite a los pueblos tener que abonar esas multas”, ha señalado el diputado, Francisco Javier Doménech.
El representante popular basa estas peticiones en una sentencia del Tribunal Supremo, dictada el pasado mes de octubre en la que se puede leer textualmente en uno de sus párrafos que, “ni la legislación estatal básica de régimen local ni la legislación sectorial estatal en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas contienen una atribución directa de competencia a los municipios de 2.000 habitantes para el establecimiento de un sistema de tratamiento de dichas aguas”. “Esta sentencia establece una importante jurisprudencia que afecta a la gran mayoría de los Ayuntamientos de Cuenca. En total más de un 92% no supera los 2.000 vecinos”, señala Doménech, “queda claro, pues, según establece el Alto Tribunal, que la depuración no es un servicio mínimo obligatorio para estos pueblos”, reitera el diputado provincial. La comisión de Políticas de Aguas y Medio Ambiente de la Federación de Municipios y Provincias, FEMP, también ha emitido un informe jurídico en el que concluye la no exigibilidad a los municipios con población inferior a 2.000 habitantes sobre la prestación del servicio o el ejercicio de la competencia relativa al tratamiento o depuración de aguas.
Francisco Javier Doménech ha calificado de “clara injusticia” que Ayuntamientos como Portalrubio, Valle de Altomira, Valdecolmenas, Belinchón, El Acebrón o el propio Huete, municipio del que es alcalde, tengan que soportar sistemáticamente sanciones de alrededor de 2.000 euros, cada núcleo de población, “por tratar de solucionar un problema sobre el que no tenemos competencias tal y como ha señalado el Tribunal Supremo”.
Así, el diputado provincial ha reclamado “la necesidad de que la Junta de Comunidades empiece a dar respuesta a esta situación lo antes posible, dadas sus competencias en materia de agua”. “Y la Diputación de Cuenca, como institución más cercana a los municipios tiene que defenderlos. Básicamente, y nada más y nada menos, se trata de que se cumpla una sentencia del Tribunal Supremo”, ha recalcado Doménech.
El diputado provincial ha querido dejar muy claro que “desde el Partido Popular vamos a seguir defendiendo nuestro mundo rural, a los municipios más vulnerables que son los que menos habitantes tienen, y reclamando la necesidad de que se les dote de infraestructuras básicas y de recursos, además de que no se les impongan y cobren sanciones por cuestiones de las que no son culpables”, ha finalizado.