La nueva Ley de Servicios Sociales que aprobaron el pasado mes de diciembre las Cortes de Castilla-La Mancha es la más avanzada de todas las Comunidades Autónomas del país, según ha asegurado hoy en Cuenca la directora general de Acción Social y Cooperación Internacional, Esther Padilla.
Según ha dicho, se trata de una Ley ambiciosa que en la actualidad se pone a la cabeza en las Leyes aprobadas por las Comunidades Autónomas de España, las llamadas leyes de tercera generación, ya que según ha asegurado da un paso más en algo tan importante como son las prestaciones garantizadas.
Para Padilla la consecución de esta Ley es una muestra de que la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por los servicios sociales es “inquebrantable”, algo que se pone también de manifiesto en muchos de los indicadores que recogen que hoy Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que más presupuesto dedica con respecto a su riqueza a los servicios sociales, tanto en lo que se refiere a la atención a mayores, como a personas con discapacidad, ayuda a domicilio, teleasistencia, etc.
En este sentido, la directora general ha destacado que además, no sólo los ciudadanos se benefician de estas políticas sociales en cuanto a que son usuarios de servicios y prestaciones, sino que se beneficia el conjunto de la sociedad por la generación de empleo que conlleva y ha indicado que en los tres últimos años se ha incrementado en un 20% el número de personas que trabajan en el ámbito de lo social en Castilla-La Mancha o que son ya más de 3.400 las personas que trabajan como auxiliares de ayuda a domicilio en la región.
Según Padilla, se trata de una Ley que avanza en derechos para los castellano-manchegos y que viene a sustituir a una Ley, la del año 1986, que ya fue pionera en su tiempo, pero que viene a dar respuesta a nuevas realidades sociales.
En rueda de prensa ha indicado que se trata de articulado muy importante tanto por la configuración que realiza del sistema de servicios sociales como por la consolidación de servicios y prestaciones en Castilla-La Mancha, ya que se trata de una normativa que tiene repercusión directa en los ciudadanos de la región.
Según la directora general, la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha se ha redactado en coalición con la sociedad y por lo tanto, es participativa y consensuada, y en su elaboración han participado tanto los profesionales del área social, como la Federación de Municipios y Provincias, organizaciones empresariales y sindicales, entidades no lucrativas, los colegios profesionales, la Universidad de Castilla-La Mancha, etc.
Padilla ha indicado que este proyecto de Ley, que entrará en vigor pasados seis meses de su aprobación, va a establecer que la protección social es un derecho de la ciudadanía para lo cual se recoge un catálogo de 23 prestaciones sociales garantizadas, es decir, que no son graciables por la Administración sino que constituyen un derecho.
La nueva Ley establece un catálogo de prestaciones para los ciudadanos definidas con claridad y sencillez para garantizar que todos tienen conocimiento de sus derechos bajo criterios de universalidad, equidad e igualdad en su acceso.
Prestaciones como la teleasistencia domiciliaria a mayores de 70 años que vivan solos o tengan reconocida la situación de dependencia; la ayuda a domicilio a personas dependientes; el alojamiento temporal para las situaciones de urgencia social; la atención temprana hasta los 6 años de edad; la atención a menores en situación de desprotección, riesgo o desamparo, o la renta básica para personas en situación de exclusión social son algunas de las prestaciones que han quedado garantizadas como derecho ciudadano.