Con renovadas ínfulas vuelven a la carga los promotores de la supresión de la línea del ferrocarril regional Aranjuez-Cuenca-Utiel. Los partidos políticos y grupos de presión de Castilla-La Mancha cómplices en el cierre del tren, marginando pueblos y vulnerando derechos fundamentales, están impacientes por el retraso en la privatización de los terrenos del ferrocarril en Cuenca. Con el ánimo de impulsar que pasen a manos privadas los terrenos públicos apelan a la retórica de la racionalidad urbanística. Pretenden persuadir a la ciudadanía de que después de quitar la línea férrea lo lógico es que acepte el despojo de los terrenos ferroviarios.
Para conseguir su objetivo deshonesto sin levantar sospechas argumentan que el crecimiento urbano de la ciudad de Cuenca ha dejado vacío un espacio equivalente a diecisiete hectáreas, que gestiona la entidad pública empresarial Administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif). A continuación, sostienen que hay que aprovechar esas hectáreas del patrimonio público porque dificultan una “articulación racional de la ciudad y el desarrollo de equipamientos”. Y finalizan proponiendo ocupar los terrenos del ferrocarril para coser los sectores urbanos y mejorar la movilidad. Su ideal es que los terrenos de la entidad pública sean privatizados para que los compren las empresas constructoras alineadas con sus intereses. Su anhelo es desposeernos sin escrúpulos de la propiedad pública que los especuladores insaciables adquieren a precio de saldo. Su objetivo es darse otro pelotazo, que según la real academia de la lengua es una “operación económica que produce una gran ganancia fácil y rápida”.
Pues bien, estos conspicuos defensores del plan racional de crecimiento urbano para coser Cuenca y darse un pelotazo pertenecen al partido político que está construyendo el nuevo hospital apartado del centro, cerca de la depuradora de aguas residuales. Son los mismos que llevaron la estación del Ave lejos de la ciudad junto a la planta de vertidos y promovieron la construcción del disparatado bosque de acero y cristal que no vale para casi nada, a orillas del río Júcar. La ciudadanía que pagó el bosque de acero todavía se pregunta ¿por qué gastó el ayuntamiento cerca de 8 millones de euros (en torno a 1.200 millones de pesetas) en esa singular construcción? La obra solo ha servido para que el movimiento arquitectónico del “pormishuevismo” la seleccione como muestra de arquitectura especulativa y salchichera que se expandió por nuestro país animada por políticos corruptos y arquitectos megalómanos.
A modo de conclusión, hay que celebrar que la ciudadanía conquense y las organizaciones en defensa del ferrocarril estén vigilando los manejos de las personas del gobierno y la oposición que están al frente de los grupos de presión y los partidos políticos que imperan en Castilla-La Mancha. Sus dirigentes están tan obsesionados por la acumulación y arrebatarnos la posesión del patrimonio público, que urgen la privatización de los terrenos del ferrocarril para apropiarse rápidamente de nuestras diecisiete hectáreas. Confiemos en que la movilización ciudadana y la sentencia del Tribunal Supremo sobre la línea del tren Aranjuez-Cuenca-Utiel frenen la desposesión de los terrenos del ferrocarril para que unos empresarios codiciosos se den el pelotazo.
Fernando Casas Mínguez