El curso escolar que arranca en gran parte de España traerá la prohibición y limitación de móviles en las aulas que ya se venía aplicando en varias comunidades, pero también estrena el plan de refuerzo de matemáticas y lengua y prepara a sus bachilleres para la nueva la EBAU, eso sí, con el recurrente reto de reducir la interinidad del profesorado y las ratios.
La mayoría de los 8,8 millones de estudiantes que hay en España comienzan esta semana el curso, pues abren las aulas en Cantabria, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Extremadura o Madrid, aunque los más pequeños ya iniciaron las clases antes.
Después de que el Consejo Escolar del Estado aprobara en enero por unanimidad el veto de los móviles en primaria y su limitación en secundaria, la comunidad educativa ha seguido debatiendo sobre los problemas del uso de los dispositivos móviles y este curso será el primero en el que se aplican desde el inicio del año académico.
La Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura ya contaban con prohibiciones o restricciones y, tras la aprobación del texto del Consejo Escolar, el resto comenzaron a implementar medidas, dando libertad a los centros para su aplicación y otorgando mayor libertad para los más mayores.
Mientras que Cantabria ha establecido una prohibición total tanto para colegios e institutos, apostando por que sean los centros los que arbitren las medidas de control, comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha flexibilizan el uso del móvil en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
En Cataluña, por ejemplo se considera un buen recurso de aprendizaje en Secundaria, pero no se permiten en Primaria.
Asimismo, en Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares o Navarra los docentes tienen la potestad de requisar y apagar los teléfonos a los alumnos hasta el fin de la jornada escolar.
El plan de refuerzo escolar de lengua y matemáticas anunciado por el Gobierno a comienzos de este año se estrenará este curso y contará con medidas como clases gratuitas de apoyo en horario no lectivo o aulas con un menor número de compañeros y profesores mejor especializados.
El programa cuenta con una dotación de 95 millones de euros, de los cuales 64,8 millones se destinarán al refuerzo de matemáticas y treinta millones a la mejora de la comunicación oral y escrita, una competencia transversal que afecta a todas las materias.
Su puesta en marcha nace después del revés sufrido por España en el último informe PISA, que evalúa el rendimiento académico del alumnado de 15 años de más de 80 países, y que mostró una nueva caída en los conocimientos de matemáticas y lectura entre los jóvenes españoles, pero más suave que en otros lugares.
En 2025, decae el formato adoptado en 2020 para las pruebas de acceso a la universidad, adoptado en la pandemia para garantizar al máximo la equidad y la igualdad de oportunidades, pues muchos jóvenes cursaron entonces gran parte de su escolarización con restricciones.
Así, en este curso se abre paso el nuevo modelo que plantea el Gobierno, que deberá alinearse con los objetivos de la conocida como ley Celaá, que obliga a una enseñanza mucho más competencial, es decir, más reflexión y pensamiento crítico y menos tirar de memoria.
De forma paralela, las comunidades gobernadas por el PP han acordado una prueba común que unificará fechas y criterios de corrección, tal como acordaron los barones populares, reunidos por el presidente del partido, Alberto Núñez-Feijóo en Salamanca, a principios de verano.
En España, el número de docentes ha aumentado desde los 758.594 docentes en el curso 2021-22 a los 768.798 en 2022-23, máximo histórico, pero el proceso de estabilización aprobado por el Gobierno en 2021, en plena pandemia, para reducir la temporalidad entre el profesorado, sigue muy lejos de lograr el objetivo recomendado por la UE: un 8 %.
Algunas consejerías y sindicatos han ofrecido datos en las últimas semanas, como por ejemplo Navarra, que asegura haber reducido un 14,8 % la tasa de interinidad de sus docentes al pasar del 31,12 % en 2021 al 16,3 % en la actualidad.
En Castilla y León, la interinidad se sitúa este curso en un 10,14 por ciento en maestros y un 17,8 en el resto de cuerpos, lejos del 8 por ciento exigido por la UE y reclamado por los sindicatos.
También la mejora de las ratios de alumnos por aula es otro de los caballos de batalla en el sistema educativo en todas las comunidades, un debate que se puso de manifiesto de manera más acusada también con la pandemia.
La Xunta, tras el acuerdo firmado con los sindicatos el pasado mes de años, afronta la reducción progresiva de las ratios, de forma que el objetivo es pasar de un máximo de 25 estudiantes por aula a 20. Este curso se aborda en 4 de Primaria.
En la Comunidad Valenciana, la ratio se mantiene este curso en iguales términos que el pasado: 21 alumnos en Infantil de segundo ciclo y Primaria; 24 en Secundaria y de 29 en Bachillerato.
En Castilla-La Mancha los principales sindicatos educativos han convocado una huelga este 11 de septiembre para reclamar la mejora de las ratios, además de reducir las horas lectivas y la simplificación de las tareas burocráticas.