La Secretaría Nacional de Relaciones Institucionales de AUGC CUENCA mantuvo ayer una reunión de trabajo con la diputada nacional del partido popular en la provincia de Cuenca Beatriz Jiménez y el presidente del partido popular en Cuenca Benjamín Prieto para transmitirle la abusiva situación que se ha planteado desde la Dirección General de la Guardia Civil contra las asociaciones profesionales y el colectivo de trabajadores del Cuerpo. Una situación que supone un importante retroceso de derechos sociolaborales.
Dos son los principales motivos de reclamación. Por un lado, el borrador del Derecho de Representación, que busca recortar los ya de por sí escasos derechos con los que cuentan las asociaciones profesionales para la defensa de sus afiliados.
La segunda causa es el recorte en la cantidad que se abona en concepto de Productividad para los trabajadores, una merma que, como siempre, busca favorecer los intereses del Generalato.
AUGC viene años demandando una segunda generación de derechos para los guardias civiles, donde se ponga fin a la falta de asertividad y formación en una mayoría de los altos mandos, para ser capaces de establecer una relación de entendimiento con los representantes de la asociación profesional mayoritaria.
Por contra, desde la actual Dirección General, con su directora al frente María Gámez del partido socialista obrero español se busca una involución de los actuales derechos, conquistados después de años de lucha y represalias.
Desde AUGC exigimos una rectificación ante ésta situación totalmente anacrónica que sitúe a la Guardia Civil en la senda de una institución democráctica acorde a los cánones exigibles en un Estado de derecho.
AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
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