El Grupo Popular buscará un compromiso fuerte del Ayuntamiento con la libertad educativa en el pleno del próximo jueves

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cuenca buscará, en la sesión plenaria del próximo jueves, que todos los grupos políticos rechacen la Ley Celaá y refrenden garantizar el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad.

Los ediles del PP, que ayer participaron en la manifestación que recorrió las calles de nuestra ciudad junto a casi 300 coches, han resaltado que esta ley educativa “es una ley segregadora y siembra cizaña y discordia”, y han continuado en clave local diciendo que “Dolz e Isidoro tendrán que decidir si serán unos fieles colaboradores de sus jefes y permitirán en nuestra ciudad el coartar las libertades de todos los conquenses a la hora de elegir que educación quieren para sus hijos, o por el contrario no”.

Siguiendo con el contenido de la moción, los populares han remarcado buscarán que el Gobierno de la nación, en colaboración con el local, rectifique y adopte las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación, extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional, garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus necesidades y respetar los cuerpos nacionales del profesorado.

Para concluir, el PP en el Ayuntamiento de Cuenca ha manifestado su deseo de que Cuenca sea noticia por generar empleo y actividad, no por ser cómplice de este despropósito, siendo necesario para ello, que sus gobernantes, los socialistas Dolz e Isidoro, no secunden la supresión de las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución Española y “se pongan a trabajar de una vez por el bien de esta ciudad”.