Prieto pide una normativa que ampare a los vendedores ambulantes y ayudas para que desarrollen su actividad con seguridad

El presidente del Partido Popular de Cuenca, Benjamín Prieto, se reunía ayer con representantes de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Castilla-La Mancha, entre ellos su presidente, Diego Jareño. El también diputado regional reconocía la “complicada situación que atraviesan cientos de familias en nuestra región que tienen en la venta ambulante su principal fuente de ingresos”. Prieto se mostraba partidario de incentivar la actividad económica, “desde la adopción de medidas que garanticen la seguridad tanto de quienes venden como de quienes acuden a comprar”. Por ello, pedía a la Junta de Comunidades, “una normativa clara y común para que se sigan desarrollando los tradicionales mercadillos en nuestros pueblos. Lo que no es de recibo es que se deje a los Ayuntamientos, como en tantas ocasiones durante esta pandemia, sin el amparo de una directiva que regule la venta ambulante”.

Así, Prieto considera una incongruencia que se puedan desarrollar diferentes acciones al aire libre, siempre respetando las medidas sanitarias, y que “quienes desempeñan precisamente su actividad económica en espacios abiertos se encuentren con tantas trabas e incertidumbre a la hora de poder llevar a cabo su labor”, por lo que insistía que desde la administración regional tienen la obligación de “articular no sólo una regulación sino ayudas económicas para que los Ayuntamientos puedan disponer de las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de la venta ambulante con total seguridad”.

Para el diputado por Cuenca, “el verdadero reto del gobierno regional y que aún no ha cumplido sigue siendo coordinar y dirigir las actuaciones de nuestros Ayuntamientos” para, de esta manera, “evitarles más problemas de los que ya tienen a los alcaldes. Todo ello redundará en el beneficio de los vecinos y en garantizar a los comerciantes el poder desarrollar su trabajo”. Prieto aludía a los fondos comunitarios que va a recibir la Junta, “pueden destinarse una parte de ellos a los Ayuntamientos para que puedan habilitar medidas de protección en los mercadillos” y concluía resaltando la actividad de los vendedores ambulantes, “una parte más de nuestra economía y llevan meses sin poder ejercer su actividad. En nuestros municipios cuando hay mercadillos se desarrolla un plus de actividad en el sector servicios, además de dar respuesta al hábito de comprar y manera de hacer esas compras de una gran parte de nuestra sociedad”.