Las cifras facilitadas por la Junta de Comunidades sobre el número de fallecidos en Cuenca por el coronavirus no cuadran. “Una cuestión es que no se sea alarmista y otra muy distinta que se quiera esconder la inoperancia de la Junta de Comunidades desinflando números y como excusa a la ausencia de la práctica del test para detectar si se ha padecido la enfermedad y se ha muerto por ella”, señala el Partido Popular de Cuenca. Y es que los números de fallecidos por el coronavirus según el Sescam a día de ayer en toda la provincia de Cuenca eran un total de 53 personas, “cuando sólo en Cuenca capital, los enterramientos recogidos en el Registro Civil, desde el 2 al 25 de marzo, ascienden a 116”. A este desfase habría que añadir la situación dramática que viven en la mayoría de los pueblos de la provincia donde, y como ya denunciara esta formación política hace unos días, “a la mayoría de los vecinos con síntomas se les pide que permanezcan en su casa. Si desgraciadamente mueren en el pueblo y sin ser tratados, ese fallecimiento no se contabiliza por coronavirus. Al tremendo e irreparable dolor causado a sus familiares por la muerte de un ser querido e incluso no poder velarle, se une la incertidumbre de si ellos mismos pueden padecer la enfermedad”, apuntan desde el Partido Popular de Cuenca. Por citar un ejemplo de una localidad, que además no es de los municipios como menos población de la provincia, Mota del Cuervo, la pasada semana en una sola jornada se produjeron 6 muertes, “no hay día que en este pueblo no muera alguien sospechoso de coronavirus”, apuntan desde el PP.
Las sospechas del PP conquense coinciden con el artículo de la publicación especializada Diario Sanitario en el que se calculaba que, como mínimo y en toda la región de Castilla-La Mancha, los fallecimientos por coronavirus son, al menos, el triple de lo que las cifras oficiales señalan, “la situación en Cuenca es especialmente grave, tanto por su número de pueblos, como por la dispersión geográfica”, insiste el PP. La cifra de fallecimientos de nuestra provincia, según las cifras oficiales, es el doble de la media española, “este dato ya ha tenido que ser reconocido y hecho público, pero nos tememos que sigue siendo ficticio. Es tremendamente grave, pero seguramente el porcentaje respecto a la media española será mayor. Todos los ciudadanos nos merecemos conocer con exactitud las cifras y donde están los casos de coronavirus, porque es una manera de contribuir a controlar la pandemia”, insisten.
La prueba más evidente de que la cifra de conquenses muertos por coronavirus son mayores que las que facilita la Junta es la de que desde la Organización Médica Colegial de España, ante la elevada mortandad y la escasez de médicos y medios, ha remitido una circular, bajo las directrices del Ministerio de Sanidad, en la que se señala que los médicos de los Servicios Públicos de Sanidad, encargados de certificar las muertes, si no cuentan con la confirmación analítica y prestando especial atención a la sintomatología descrita de la infección, deben proceder a certificar como causa de la muerte Covid-19 no confirmado o sospecha de infección por coronavirus. “Sólo a quienes se le ha realizado el test, se reconoce como causa de la muerte el coronavirus. Aquí subyacen varios problemas, como ya señalábamos, el no recogimiento en las estadísticas oficiales de todos los fallecidos por la enfermedad, la ausencia de pruebas para la ciudadanía para detectar el virus y el peligro de familiares y allegados a los fallecidos de estar contagiados”, concluyen los populares.
Por último, y como viene siendo habitual, desde el Partido Popular de Cuenca reiteran su petición de pruebas para toda la población, especialmente para los sanitarios, “algunos de ellos obligados a trabajar sin saber si tienen o no la enfermedad o confinados sin haberles hecho la prueba” y agradecen a todos los profesionales su trabajo, a las fuerzas del orden y, por supuesto, a los voluntarios que desde diferentes pueblos están ayudando en la elaboración de material “que no llega ni a hospitales, centros de salud o residencias de ancianos por parte de la administración pública”, concluyen.
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