Las medidas laborales aprobadas ayer por el Consejo de Ministros a través del Real Decreto-Ley 9/2020, han creado desconcierto e inseguridad jurídica en las empresas. Varias de las medidas anunciadas generan grave incertidumbre sobre las acciones que cabe adoptar por las empresas cuya actividad económica no fue directamente cerrada por el Real Decreto 463/2020 pero que se vieron obligadas a cerrar o reducir su actividad por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Las empresas expresan su preocupación porque todas estas limitaciones, prohibiciones y sanciones, dificulten su propia continuidad empresarial, lo que supondría daños irreversibles al empleo.
Además, la Confederación considera totalmente desafortunadas las declaraciones de la Ministra de Trabajo, que tratan de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresario. Máxime en una situación como la actual, en la que un gran número de empresas, especialmente pymes y autónomos, están luchando en muchas ocasiones agónicamente para mantenerse a flote y evitar el cierre en un contexto que ya se anuncia de recesión mundial. Pequeños y medianos empresarios y autónomos que, además, por otro lado, están arrimando el hombro de una forma muy importante en mantener los servicios esenciales para la población y en muchas ocasiones incluso altruista para colaborar a través de donaciones o fabricando material sanitario para contribuir a mitigar esta crisis.
Las empresas quieren por encima de todo mantener la actividad económica y el empleo.
Para ello, lo que las empresas necesitan, como tantas veces hemos reclamado e insistido sin respuesta del Gobierno, son exenciones de impuestos, así como ayudas para mantener sus costes, medidas todas ellas que les permitirían sostenerse, mantener su empleo y reactivar la economía cuando pase la crisis sanitaria. Sin embargo, a todas estas peticiones empresariales el Gobierno no está dando ninguna respuesta, al contrario de lo que están haciendo otros países europeos. Las únicas medidas económicas adoptadas hasta ahora, las nuevas líneas de préstamos de ICO, son totalmente insuficientes y de muy limitada aplicación.
Por ello los empresarios y autónomos ven con desaliento y tristeza cómo, lejos de ayudarles a sobrellevar una situación sobrevenida, se les castiga con tributos cuando sus actividades están mermadas cuando no cerradas, y se les castiga responsabilizándoles de una crisis que ellos mismos sufren y pagan, y se les amenaza con sanciones laborales.
Creemos que precisamente en estos momentos la situación lo que requiere son esfuerzos conjuntos y unidad de acción, como la que están demostrando nuestras empresas desde el inicio de esta situación. Toda la sociedad merece ser apoyada, y también las empresas y autónomos.
Queremos dejar claro que nuestra voluntad por encima de todo, en estos momentos de crisis por el COVID-19, es sostener la economía y el empleo, y por ello, estamos empujando para evitar un parón aún mayor de la actividad empresarial, siempre priorizando, como no podía ser de otra manera, la seguridad y la salud de los ciudadanos.
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