La plataforma ciudadana Pueblos Vivos Cuenca ha vuelto a manifestarse en la mañana del domingo 17 de noviembre por las calles de la capital conquense, para reivindicar su desacuerdo con un modelo económico que considera incompatible con la vida saludable de los pueblos, con los negocios dedicados al turismo, con la naturaleza, y que además no ayuda a luchar contra la despoblación.
Con el lema “A cada macrogranja le llega su San Martín”, la marcha se inició con una concentración previa en la estación de Renfe-Adif a la que asistieron alrededor de cuatrocientas personas, y donde se leyó el manifiesto, para después circular por las calles de Fermín Caballero, Carretería, finalizando en la Plaza de España, congregando en el recorrido a alrededor de 500 participantes. Pueblos Vivos ha querido también ser la voz de todos aquellos conquenses que no se atreven a hablar, pero que malviven con los olores y con el temor de lo que se les viene encima, incluidos los habitantes de la capital.
El mensaje que se ha vuelto a trasladar a la ciudadanía es que la ganadería intensiva, tanto porcina como aviar, sigue gozando del favor de los gobiernos regional y central, que la han convertido en un sector estratégico, facilitando su proliferación en toda Castilla-La Mancha, sin atender con objetividad y con criterio veraz las limitaciones del territorio y las consecuencias que acarrearán al medioambiente a medio y largo plazo.
Pueblos Vivos Cuenca, tal y como apunta en su manifiesto, denuncia la falta de transparencia por parte de la Junta de Comunidades en su Consejería de Desarrollo Sostenible: desde 2009 no se ha actualizado el censo porcino de los municipios, y desde 2011 los se han puesto al día los de las instalaciones que actualmente están en funcionamiento. Y no es menos llamativo el aumento exagerado de proyectos aprobados en dos años, tanto de instalaciones de nueva construcción, como de aquellas que se amplían sin necesidad de Estudio de Impacto Ambiental. Además, se advierte de los cerca de treinta nuevos proyectos en Cuenca que se encuentran sobre la mesa a la espera de ser aprobados.
Denuncia también que este modelo de negocio ha elegido instalarse especialmente en los pueblos pequeños, sin apenas recursos humanos y jurídicos para defenderse, buscando el apoyo de los vecinos con el anuncio de crear empleo y luchar contra la despoblación, algo que desde Pueblos Vivos Cuenca se considera un argumento torticero, ya que todavía no se han dado en toda la provincia datos favorables a tal afirmación que la abalen, sino que al contrario, Cuenca un año más se desangra con sus cifras de población (según datos del INE, desde el año 2012, ya ha perdido cerca de 21000 habitantes).
Pueblos Vivos sigue sosteniendo que con las macrogranjas lo que sí peligran son los puestos de trabajo, especialmente los dedicados al sector turístico y vinculados al mismo, ya que la problemática de los malos olores que provocan los purines generados desde estas instalaciones están recibiendo el rechazo de una buena parte de la población afectada.
Se ha dejado claro que Pueblos Vivos no está en contra de la ganadería en general, sino del modelo industrial de ganadería intensiva, porque hay otro modelo sostenible extensivo y de calidad, pero que la Administración en 2016, en sus planes de ayuda para la modernización de estructuras agrarias, no defiendió de igual manera, ya que con él no puede, por ejemplo, cumplir los objetivos de exportación a China, país que sufre la peste porcina africana, y a donde se destina la mayor parte de la producción nacional de cerdo (en concreto, desde Cuenca se ha previsto la exportación de más de un millón y medio de cabezas de porcino al año a menos de 100 km de Tarancón, a partir del 2020). Esta decisión provocó que de media docena de proyectos al año se pasase a cerca de un centenar, lo que ha significado pasar de 245.325 cerdos en el año 2017 a 539.779 cerdos en este año 2019 (tres cerdos por habitante conquense).
El manifiesto critica el excesivo gasto de agua de estas instalaciones, y lo hace con cifras referidas al consumo por animal (un cerdo necesita más de 5000 litros de agua para su cría, y en España cabaña porcina asciende ya a casi 31 millones); la enorme generación de residuos contaminantes del aire y los acuíferos (con los purines de toda España se podrían llenar unas 26.660 piscinas olímpicas). Se denuncia la falta de control de vertidos por parte de la Administración, poniendo en riesgo el abastecimiento y la calidad del agua (ya existe una sentencia al respecto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el 15 de enero de 2018). Además, la Consejería de Desarrollo Sostenible continúa autorizando en zonas vulnerables macrogranjas en la provincia de Cuenca, zonas que no se actualizan desde febrero de 2011 y donde desde entonces se han instalado o ampliado 58 explotaciones y 5 más se hallan en trámite.
Pero el problema del aumento de instalaciones sin verdadero control también se observa en las explotaciones de pollos de engorde y gallinas de puesta o de recría. Desde el 2016, hay 19 nuevas solicitudes y 14 ampliaciones. Valga como ejemplo, en San Clemente, zona vulnerable desde 2011, se pretende instalar una granja avícola de 1.020.000 gallinas de puesta y 360.000 pollitas de recría.
Los otros motivos, por los que también se rechaza desde Pueblos Vivos estas instalaciones, están en relación con la salud animal y humana, ya que el uso abusivo de antibióticos en los cerdos contribuye a la resistencia a los mismos. Por otro lado, la emisión de gases de efecto invernadero, resultan altamente contaminantes (las tres macrogranjas españolas más contaminantes juntas, dos de aves y uno de ganado porcino, contaminan más que cualquier refinería de petróleo).
El manifiesto finaliza con las peticiones al Gobierno de la región: la aprobación de una moratoria para estudiar el territorio, y hacer cumplirla la normativa europea sobre la aplicación de purines y efluyentes en las superficies agrícolas, dejándolo de hacer en plato o abanico; vigilar las Declaraciones y Autorizaciones ambientales emitidas por las Consejerías, con una normativa cada vez más laxa; no aceptar donaciones para la Fundación Impulsa provenientes de la empresa cárnica generadora de esta burbuja de las macrogranjas (se les recuerda la condena conjunta con una conocida empresa cárnica emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el 21 de septiembre de 2017 por expedientar y apartar de su puesto de trabajo a dos veterinarios de la Consejería de Sanidad que denunciaron reiteradamente incumplimientos de la normativa de bienestar animal). También se pide no modificar las órdenes para subvencionar a las grandes empresas.
Se finaliza con una petición más: “ya que dicen estar concienciados con el problema de la despoblación, dedíquense a promocionar los monumentos, la naturaleza, los pueblos de la provincia, que cuentan con numerosos lugares atractivos por descubrir y su gastronomía y sobre todo fomenten la ganadería extensiva y dejen de convertir esta provincia en el estercolero de España”. Y a los ayuntamientos, que “se apresuren a “blindarse” a través de modificaciones en los Planes de Ordenación Municipal y con la creación de ordenanzas para evitar el vertido de purines en su término municipal.”
Si (
No(
