Carta abierte a Doña Aurelia Sánchez Navarro

Estimada consejera:
Hace ya siete meses que le escribí otra carta sobre la residencia de mayores de Priego presentándole las cientos de firmas de vecinos en las que exigían su apertura inmediata y su gestión pública y directa por parte de la JCCM.
A tenor de los acontecimientos, dichas firmas y exigencias fueron al lugar que estaban predestinadas, a la papelera.
La buena gobernanza que ustedes predican, pero que poco cumplen, merecía una oportunidad.
Créame si le digo que tenía la esperanza de que ustedes, los políticos elegidos por nosotros, tendrían la sensibilidad y el raciocinio necesario para que imperara el sentido común.
Sí, consejera, soy un iluso al creer que un partido socialista sería el polo opuesto a la derecha cuando se trata de garantizar un servicio asistencial público y de calidad.
Por lo menos en este tema, en nada se diferencian de aquellos que venden "reales a cuatro pesetas"
No le pedíamos la gestión pública de la residencia por un capricho fruto del desconocimiento, se lo pedíamos por que un servicio público externalizado supone un mayor gasto para las arcas públicas, una merma de la calidad del servicio, la pérdida de empleo público y una precarización del empleo privado.
Y referencias e informes sobre lo que le afirmo creo que los tiene por los cuatro puntos cardinales de nuestro país.

Por lo tanto, ni hay ahorro, ni ventaja ninguna salvo que ustedes, los políticos gobernantes, sigan mirando hacia otro lado mientras la calidad asistencial se reduce de forma considerable.
"Ojos que no ven, corazón que no siente"
Hoy usted anuncia una nueva partida de 3,5 millones de euros para privatizar su gestión. 3,5 millones de euros de nuestro bolsillo, al que sumamos otros 4 millones de euros, también de nuestro bolsillo, que costó su construcción. Esto hace un montante de casi 8 millones de euros.
Es tanto dinero que casi produce vértigo. Entienda que no es admisible, ni mínimamente tolerable, socializar las pérdidas y privatizar los beneficios.


Ustedes han abdicado de sus responsabilidades pues están deslegitimando el artículo 31.1.20 del estatuto de autonomía de Castilla la Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, que confiere a la JCCM la competencia en exclusiva en asistencia social y servicios sociales.


Aún están a tiempo. Rectifiquen la autorización del gasto de 3.500.611,09 de euros que mañana quieren aprobar en el Consejo de Gobierno para el contrato de gestión.
Asuman su responsabilidad en asistencia social y no permitan mercantilizar con el cuidado y la dignidad de nuestros mayores.
Atentamente






Jorge Juan Orusco Pérez