Vecinos de Almendros, agrupados en una asociación contraria a la instalación de una de las dos granjas porcinas proyectadas en este municipio, han pedido al alcalde, el popular Acisclo Jiménez, que se abstenga de otorgar licencia de obras para la macrogranja que albergará a unos 80.000 lechones/año en el paraje conocido como “Cerro del Espino”.
Dicha obra se sustenta en un proyecto inicial en el que se han desvelado múltiples deficiencias administrativas y ambientales. Fruto de ellas, la asociación presentó el pasado 26 de febrero un recurso de alzada contra la Declaración de Impacto Ambiental Integrada aprobada por la Consejería de Agricultura del Gobierno regional.
Dicho recurso evidenciaba importantes deficiencias, esquivas a los ojos de la Administración regional, así como carencias de evaluación notables. Dado que hasta la fecha no ha habido respuesta, la asociación prepara ya un contencioso administrativo ante el “sospechoso” silencio de la administración.
Según la asociación, las deficiencias son tales que los promotores de la macrogranja ya han reconocido públicamente “cambios sustanciales” con el proyecto inicial, lo que invita a pensar que la deficiente evaluación del primer proyecto ya no se correspondería con la propuesta final en la que trabajan los promotores.
En una cuidada estrategia ambiental, administrativa y jurídica, la asociación ha registrado ya en el ayuntamiento una petición de información para obtener el expediente inicial, así como una solicitud de abstención del alcalde a la hora de firmar la licencia de obras, dado que se relaciona la ubicación de las dos granjas porcinas – tanto una pequeña experimental sin reparos de la población como la motivo de polémica- con propiedades rústicas de la familia del primer edil.
En ambos escritos dirigidos al Ayuntamiento, de 4 de abril, se cuestiona esta instalación y se solicita, por la importancia y la repercusión social de este proyecto, que se informe a todos los concejales del Ayuntamiento (todos del PP) “del contenido y efectos jurídicos que supone la eventual Declaración de Interés Público o Social” de esta macrogranja para de esta forma emitir su voto responsable.
Asimismo, requieren “la obligación de abstención de voto del alcalde” en caso de que existencia de intereses personales en el asunto.
El proyecto de partida (ubicado a 80 metros de una gran zona ZEEPA) planteaba tomar agua de un pozo público de emergencia para casos de sequía, contemplaba una incineradora, la construcción de una gran fosa de purines sobre un arroyo seco y utilizar una Línea de MT eléctrica publica para suministro eléctrico de la macrogranja
La voluntad de la Asociación es que el ayuntamiento reconsidere dar licencias municipales, al menos hasta que se conozco la respuesta de la Administración “en alzada” o de los tribunales en el Contencioso Administrativo.
Esta vía de defensa soslaya, de momento, las graves deficiencias de información pública del proyecto a través del “órgano sustantivo” que eleva el proyecto, es decir el Ayuntamiento.
Para mediados de abril, la asociación tiene previsto realizar una asamblea en la que se presentará la defensa jurídica tanto frente a la Administración regional por una declaración de impacto, “cuya solidez técnica sugiere la tramitación de un afamado Máster en la vecina Comunidad de Madrid”, así como frente al Ayuntamiento, en el supuesto de que éste continuase con la tramitación del proyecto.
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