CSIF exige la derogación de la 'ley Cospedal'

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige a la Administración regional y al conjunto de grupos políticos que componen las Cortes de Castilla-La Mancha la derogación de la Ley 1/2012 del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, un ordenamiento que este miércoles cumplirá seis años y que sigue bloqueando derechos fundamentales a los empleados públicos de Castilla-La Mancha.

En rueda de prensa celebrada en Ciudad Real, el sindicato, a través de su presidente en la región, Julio Retamosa, acompañado por Sacramento Rodríguez y José Antonio Ranz, presidentes de los sectores de Sanidad y Educación de CSIF Castilla-La Mancha, respectivametne, ha pedido públicamente el fin de la conocida como 'ley Cospedal'.

Julio Retamosa ha señalado que “su fundamento se basó en criterios de ajuste de déficit como solución a la crisis, pero tras seis años de esfuerzo y sacrificio por parte de los trabajadores de la Función Pública siguen sin producirse avances en la recuperación de derechos y reversión de recortes”. CSIF ha remitido a los diferentes partidos que componen las Cortes de Castilla-La Mancha una misiva en la que se enumeran los derechos perdidos con esta ley.

Entre ellos, la jornada laboral de 37,5 horas semanales que instauraba esta ley sigue vigente, y a pesar de que compete al Gobierno central el retorno a las 35 horas semanales, CSIF considera que los ejemplos de Andalucía y Extremadura son pruebas de que es posible alcanzar acuerdos en los diferentes ámbitos autonómicos.

En el apartado económico, y a pesar del fin de la 'tasa Cospedal' que supuso una minoración retributiva del 3%, “los empleados públicos están muy lejos de alcanzar el nivel adquisitivo previo a la crisis: la pérdida salarial acumulada en estos seis años es de un 16,5% y el Gobierno regional sólo ha planteado una subida del 0,5% en 2019”, explicaba Retamosa, que añadía que “Castilla-La Mancha fue el banco de pruebas de todos los recortes que se plantearon a nivel nacional por el Gobierno de Rajoy, es el momento de recuperar todo lo perdido”.

Respecto a los derechos laborales, el mayor impacto se produjo en el área sanitaria. “Los profesionales del Sescam continúan con la carrera profesional paralizada, que produce un trato de desigualdad retributiva entre empleados que prestan los mismos servicios. Asimismo, el personal interino no cobra la carrera profesional en Castilla-La Mancha”, ha manifestado Sacramento Rodríguez, presidente del Sector de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha.

Tampoco se sustituyen a los trabajadores de todas las categorías sanitarias y no sanitarias desde el primer día, lo que provoca mermas importantes en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Tampoco se sustituyen a los trabajadores en las licencias por asuntos propios ni a aquellos que se acogen a reducción de jornada. Además, hay penalización retributiva en las bajas laborales y se mantiene la pérdida retributiva aplicable a los módulos de mayores de 55 años. “Hay que luchar por volver a instaurar todos los derechos que perdimos si queremos tener una sanidad pública de calidad”, subrayaba Rodríguez.

En educación se lleva a niveles máximos la horquilla de horas lectivas: 20 en Enseñanzas Medias y 25 en Primaria. “Ello ya ha sido solucionado en comunidades autónomas como Castilla y León o Andalucía, donde la jornada semanal se ve reducida hasta las 19 horas en Enseñanzas Medias”, ha señalado José Antonio Ranz, que ha añadido que “la forma de actuar de esta Consejería, como herencia de la anterior, ha llevado a la tasa de precariedad laboral más alta del estado español, con un 42,3% de medias jornadas”.

Se hace necesaria una bajada de ratios para llegar a los números anteriores a los recortes, y ello no se contempla ni durante este curso ni para el siguiente, lo que sin duda “afecta negativamente a la calidad de la enseñanza pública de la comunidad”, explicaba Ranz, “como también es negativo el modelo de plurilingúismo o la falta del profesor de apoyo en educación infantil que se impusieron en la etapa de Cospedal y que se perpetúan hoy en dia”.

Por todo ello, Julio Retamosa hacía hincapié en que “CSIF vuelve a exigir la derogación de una ley, así como de la ley 6/2012 de acompañamiento del Plan de Garantía, que continúa castigando a los empleados públicos de Castilla-La Mancha, y así pide la unidad de todas las fuerzas políticas en este ámbito tan importante para la Función Pública de la región”.
Con esta ley todavía vigente queda en evidencia la invalidez del Acuerdo firmado en febrero de 2016 entre el Gobierno regional y los sindicatos CCOO, UGT y FSES (Anpe y Satse), que apostaron por “un pacto de mínimos en el que no se planteaba la posibilidad de acabar con este ordenamiento jurídico”. Así, el siguiente paso que debe dar la Administración es la de “convocar una nueva Mesa de la Función Pública para firmar un nuevo acuerdo con los sindicatos en el que se reconozcan todos los derechos perdidos y se valoren los esfuerzos realizados por los empleados públicos durante la crisis”, finalizaba Retamosa.