El gobierno ha hecho público el coste que tendrá la nacionalización de diversas autopistas, entre ellas la AP-36 o la R4 que afectan a nuestra región. El mismo queda marcado, según datos del propio gobierno, en unos 2000 millones que, obviamente, saldrán de las arcas del Estado, de nuestros impuestos, e irán a parar a los acreedores de las empresas concesionarias de las autopistas afectadas porque, entendemos, no son rentables.
En primer lugar, vemos como se repite la fórmula de rescatar a grandes corporaciones o bancos mientras no se actúa de la misma manera con las personas. Pero no es ese el tema del que quería hacer una pequeña reflexión.
Tras la información del coste de dicho "rescate" a las autopistas el gobierno lanza otra más: recuperaremos entre 700 y 1000 millones al volver a adjudicarlas, cosa que se hará antes de acabar 2018 (o lo que es lo mismo, con bastante rapidez para la administración).
1.- ¿Cómo es posible que alguien quiera volver a privatizar unas autopistas que se han demostrado ineficaces? No es fácil comprender, para el ciudadano de a pie, que un negocio que no funciona vaya a funcionar sin más unos meses después. Obviamente, falta información y si cualquier empresa seria y sensata paga por ese negocio es porque las condiciones han cambiado, se han rebajado para ser más beneficiosas a ojos del empresariado.
2.- ¿Cómo es posible que estas vías pasaran los filtros para ser obras viables, sostenibles en el tiempo? Es difícil pensar que las mayores empresas y el Estado no fueran capaces de ver que no había suficiente volumen de negocio para estas vías. Es algo que a veces se nos olvida pero, al lado de la corrupción va, en muchos casos, la realización de obras absolutamente innecesarias y que no responden a la mayoría de la ciudadanía. Deberíamos sumar a los costes por corrupción para cada persona, aquéllos de las adjudicaciones inviables o de los sobrecostes.
3.- ¿Por qué no se aprovecha para poner a disposición de la gente estas nuevas vías que vamos a comprar con nuestro dinero? En cualquier caso, en el mejor de los casos podríamos decir, el coste para el erario público rondará los 1000 millones de euros. Como digo, en el mejor de los casos. Por lo tanto, es una oportunidad de oro para afrontar inversiones que son imprescindibles para zonas como La Mancha donde nos arriesgamos a diario por la N-301. No parece lógico poner 2000 millones para rescatar a una empresa que gestiona una autopista, asumir la pérdida de la mitad de ese dinero y no pensar, ni un solo segundo, que podría ser un avance en las inversiones importantísimo y con la finalidad de mejorar la seguridad de la gente.
En definitiva, debemos presionar para que el gobierno del Estado nos expliqué, con pelos y señales, que ha pasado con las autopistas quebradas. Nos señalen punto por punto donde ha ido el dinero y quien se ha beneficiado de esta catástrofe de diseño y ejecución –herencia de la gestión Aznar.- Y, por último, tenemos que exigir que no se tiren mil o dos mil millones a la basura y se aproveche, ya que el gasto parece inevitable, para conseguir una infraestructura pública y necesaria en La Mancha ahorrando en la más que necesaria inversión que necesitaría, de no quedar abierta la AP 36, la carretera 301.
Habrá que seguir intentando que se use, al menos esta vez, la cabeza.
Jacobo Medianero
Coordinador provincial de IU Cuenca
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