La portavoz adjunta del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputada provincial por Cuenca, Mercedes H. Fogarty, ha exigido al Gobierno de Page que “anule de inmediato y para siempre” el borrador de decreto que ha elaborado para colocar a dedo en la Administración regional a sus asesores y altos cargos sin tener la condición de funcionarios públicos. Una pretensión del Ejecutivo PSOE-Podemos que hasta el propio Consejo Consultivo advirtió que uno de sus artículos podía llegar a incurrir en un ‘exceso competencial’.
Esto significa, explicaba Fogarty, que el Gobierno de Page ha pretendido engañar a los ciudadanos, y especialmente a los funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, intentado crear de tapadillo una administración paralela y convertir a sus “amigos socialistas” en funcionarios sin someterse al procedimiento de igualdad, mérito y capacidad fijado en la legislación vigente, y en claro perjuicio de los empleados públicos que sí que tienen que superar un procedimiento selectivo para tener un puesto de trabajo en la Administración. Es decir, “Page pretende que todos los castellano manchegos tengamos que pagar a sus asesores de por vida y que aquellos directivos enchufados que no son funcionarios acaben teniendo los mismos derechos que quienes han desarrollado su carrera en la administración pública después de superar una oposición”.
De este modo, la portavoz adjunta del PP castellano manchego se ha hecho eco de otro de los escándalos que ha saltado a la prensa nacional esta semana y que también ha sido denunciado por los sindicatos, como STAS-CLM quien ha emitido un duro comunicado en el que advertían que la Junta preparaba la elaboración, "en secreto y a espaldas de todo el mundo, de un Decreto para el Personal Directivo de la Junta con la intención de crear una administración paralela nombrada a dedo, y dirigida bajo criterios de clientelismo político y desprofesionalización de la función pública”.
Fogarty ha recordado que esta es la segunda vez se produce algo así, ya que nada más firmar el pacto de Gobierno entre Page y Podemos, en el pasado mes de agosto, ambos presentaron una enmienda a la Ley de Presupuestos para intentar consolidar los privilegios de los altos cargos del Gobierno regional, “aunque al final tuvieron que echarse para atrás ante la presión mediática y de la opinión pública”.
Con estos antecedentes, y pese a que responsables del Gobierno de Page han anunciado que se había “paralizado” este decreto, el PP insiste en que es necesario que se desaparezca totalmente y se olviden de su planes de colocar en la Administración regional a los dirigentes de sus partidos (PSOE y Podemos) y a sus exalcaldes, en claro perjuicio de los empleados públicos.
“El enchufismo”, práctica habitual de los gobiernos socialistas
Asimismo, Fogarty ha recordado que “el enchufismo” es práctica habitual de los gobiernos socialistas, como sucede por ejemplo desde el inicio de esta legislatura en la Dirección Provincial de Bienestar Social que es líder sin rival en la concesión de las conocidas como comisiones de servicio y que también acaba vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad en la prestación en los servicios en la Función Pública.
Otro ejemplo de este “clientelismo” es el caso de Geacam, empresa pública de Castilla-La Mancha donde el Gobierno de Page nombró como responsable del área económica a la exdiputada autonómica del PSOE y exconcejal socialista de Las Pedroñeras, Delfina Carrasco; como subdirector de GEACAM en Albacete al exalcalde socialista de Tobarra (Albacete), Manuel Valcárcel; y como subdirector de Ciudad Real, al candidato del PSOE a la Alcaldía de Alcoba de los Montes, Pedro José Escudero, entre otros muchos.
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