El juzgado da la razón a IU en su demanda por vulneración de derechos contra el alcalde

Izquierda Unida en Cuenca ha dado a conocer la sentencia 240/17, de fecha 1 de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca, cuyo fallo dice: “debo declarar y declaro la nulidad de dicha resolución, reconociendo el derecho de los Concejales recurrentes (IU) al acceso solicitado…”


La resolución que cita el Juzgado es un Decreto de Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2017, por el cual el alcalde Ángel Mariscal, asesorado por el Secretario del Ayuntamiento, respondía negativamente a la solicitud de Izquierda Unida para poder acceder al Registro de entradas y salidas del consistorio en su formato digital.


El Juez entiende “que el acceso solicitado, en sede electrónica, al Registro de entradas y salidas de documentos, no debe ser negado como tal”. Añade que “dicho acceso al Registro deba ser autorizado, como forma de llevar a cabo el control y fiscalización de los órganos de gobierno”. Y concluye “que la resolución impugnada, en cuanto deniega la solicitud de acceso, en sede electrónica, al Registro de entrada y salida de documentos, debe ser anulada, en cuanto vulneradora del derecho consagrado en el art. 23 Constitución”. Eso sí, todo ello a través de claves personalizadas y sin sacar copias (lo cual no formaba parte de las pretensiones de IU) como medidas de protección de datos.


Para Izquierda Unida este fallo corrige el error del Secretario y condena al Partido Popular por vulneración de derechos fundamentales. “Ambos deberían tomar nota”, afirman en IU, “porque esto demuestra que el PP en el Ayuntamiento busca impedir la transparencia, incumpliendo su propia Ley del año 2013, dificultando el acceso a la información por parte de la oposición”. En el grupo municipal de IU sostienen que este decreto era “un elemento más en la estrategia del PP de evitar el control y fiscalización de su actividad, al que se suma el suspender los plenos antes de las mociones, ruegos y preguntas. Es decir, la parte denominada ‘de control y fiscalización”. De hecho, la propia sentencia que hoy conocemos, citando la Ley 19/13 de Transparencia y Buen Gobierno, dice que una mejor fiscalización “contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico”. “Y esto es lo que pretende evitar el PP”, concluyen en IU.