En nombre de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO-Cuenca han comparecido en rueda de prensa, su Secretaria General, Lucía Garrido, y el responsable del Sector de Carretera, Angel Luis Castellano Bobillo, acompañados del que fuera presidente del Comité de Empresa, y delegado de personal de CCOO, Alejo Zamora, despedido en diciembre de 2012 a los pocos días de la adjudicación del servicio público de transporte sanitario en la provincia de Cuenca, a la UTE “Asistencias Conquenses, S.L.”
Al igual que en el resto de provincias se ha realizado un valoración muy negativa de las consecuencias que tendrán en materia de empleo, los pliegos publicados por el SESCAM y que regirán la gestión del transporte sanitario, a partir del 1 de febrero, por cuatro años, y que está pendiente de adjudicación por lotes provinciales.
En lo que se refiere a la provincia de Cuenca, Lucía Garrido, ha señalado que “puede haber al menos unos 30 despidos, pues es el personal que “sobra” y que es la diferencia entre el personal que actualmente trabaja en este servicio en la provincia y el personal mínimo exigible en los pliegos a las empresas que opten a gestionar el transporte sanitario”. “Se ha primado más los criterios económicos que la calidad del servicio y no se garantiza la viabilidad de un servicio público tan importante”, añadió, para insistir que desde la FSC CCOO se va a desarrollar una campaña informativa dirigida a usuarios del sistema sanitario, ciudadanía en general y por supuesto a los trabajadores del servicio externalizado.
Por su parte, Castellano Bobillo, ha declarado que la situación de máxima incertidumbre y de mayor precariedad y despidos entre el personal del transporte sanitario a nivel regional, se agrava en la provincia de Cuenca “por lo que se arrastra y vienen sufriendo los trabajadores con la UTE adjudicataria desde diciembre de 2012”. Desde el primer momento, “tras no reconocer la empresa la subrogación de los trabajadores ni su antigüedad, tuvimos que demandar judicialmente por conflicto colectivo, a lo que se suma las impugnaciones individuales de los trabajadores despedidos, dos de ellos delegados de personal de CCOO, y otras reclamaciones por cantidades esquilmadas por aplicación del convenio regional firmado por las empresas y otro sindicato”.
“La táctica de la empresa adjudicataria, siempre ha sido dilatar eternamente los procedimientos judiciales para evitar encontrarse con sentencias contrarias a los derechos laborales y salariales de los trabajadores, pero al menos si hay sentencias del Juzgado de lo Social de Cuenca donde se falló a favor de CCOO y se reconocía la subrogación empresarial, pero fue recurrida al Superior de Castilla-La Mancha, a pesar de que ya existen otras sentencias de otras provincias que han vuelto a dar la razón al Sindicato y a los trabajadores”, apuntó el responsable de Carretera de FSC CCOO Cuenca.
“Podemos encontrarnos, una vez que todas los procesos jurídicos se cierren, que la empresa adeude a sus trabajadores, activos o despedidos, casi dos millones de euros en conceptos de indemnizaciones, antigüedades no reconocidas, atrasos y reclamaciones individuales”, afirmó Bobillo. “Y es una más que importante cantidad que tendría que asumir la próxima concesionaria, todo por la irresponsabilidad de la actual adjudicataria, que ha demostrado una nula intención de mantener abiertas las vías de diálogo y negociación con CCOO, como ha ocurrido en otras provincias, para haber cerrado el conflicto colectivo y poder recuperar sus derechos los trabajadores del transporte sanitario en la provincia de Cuenca.
“Sin embargo, la UTE, que con diferentes nombres, pero con cambios coyunturales entre sus socios, pero siempre con el mismo gerente al frente y que viene gestionando el servicio del transporte desde el año 1998, ha vuelto, en vísperas del anuncio de licitación, a buscar acuerdos individuales instando “voluntariamente” a los trabajadores para que firmen escritos donde renuncian a los atrasos y cantidades adeudadas hasta enero de 2016, que de media se podría estar en unos 3.000 euros por empleado”, comentaron.
“Lo que pretende la empresa es eludir el cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo Social, ahorrándose un dinero que corresponde a los trabajadores, no reconociéndoles la totalidad de su antigüedad y evitando la negociación directa con los representantes legales de los trabajadores y las organizaciones sindicales”, señalaron finalmente.
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