La proposición de LMDCLM cuenta con el respaldo de otras asociaciones memorialistas como La Gavilla Verde, está redactada siguiendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y ha sido entregada al Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes Regionales al objeto de que se inicie su tramitación parlamentaria.
“La España de Franco ocupa el segundo lugar, tras la Camboya de Pol Pot, en el macabro escalafón de países con mayor número de desaparecidos, superando la suma de todos los desaparecidos de las dictaduras militares del Cono Sur juntas: Argentina de Videla, Chile de Pinochet, Paraguay de Stroessner, Uruguay de Bordaberry, etc.”, apuntaron desde la Asociación republicana.
Según datos aportados por las asociaciones memorialistas, en agosto de 2015 la mayoría de las 2.382 fosas comunes esparcidas por todo el territorio español seguían sin ser exhumadas (sólo se habían exhumado 332) y los restos de gran parte de los 143.353 desaparecidos documentados continuaban sin ser exhumados e identificados (solamente se ha procedido a la recuperación de los restos óseos de 6.300 personas). Por su parte, en el territorio de Castilla la Mancha existen unas 8.000 personas desaparecidas sepultadas en fosas comunes, y de las 143 fosas detectadas, 108 continúan sin ser objeto de intervención y exhumación.
Principales aspectos de la proposición de ley
Estos son los principales aspectos de la proposición de ley:
Definición. La norma define la memoria democrática como "el derecho a conocer la verdad de la historia de la lucha del pueblo castellano-manchego por sus derechos y libertades, derecho a la justicia y derecho a la reparación, como garantías de no repetición". En este sentido, además de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia, la norma extiende el periodo que regula hasta la entrada en vigor del Estatuto de Castilla-La Mancha
Víctimas. A los fusilados, guerrilleros, condenados, exiliados, familiares de desaparecidos y represaliados se suman los niños y niñas robados o quienes sufrieron la tortura de estar en los campos de exterminio nazis. El censo de víctimas, que serán homenajeadas cada 11 de noviembre, será público.
Lugares y senderos. Se creará el Catálogo de Lugares de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, que incluirá espacios, inmuebles o parajes de singular relevancia vinculados con la represión y violencia por la resistencia al golpe de 1936 y la dictadura. Tendrán un grado de protección para garantizar su conservación. Cualquier modificación tiene que ser autorizada por la Consejería con las competencias de Memoria Democrática. Esta podrá impedir su derrumbe o modificación.
Símbolos. Se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo. A diferencia de la Ley Estatal, no se considerará que concurren razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura en placas, escudos, inscripciones sobre edificios o lugares históricos. De lo contrario, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá efectuar la retirada subsidiariamente.
Fosas. La Junta de Comunidades llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas. El Plan Castellano-Manchego de Memoria Democrática priorizará las medidas y actuaciones para la localización, exhumación y, en su caso, la identificación y se concretarán otras políticas. La localización, exhumación e identificación se incoará de oficio por la Junta o por los Ayuntamientos, a instancias de familiares, entidades memorialistas e investigadores. Si los enterramientos están en terrenos de propiedad privada y el propietario no da su consentimiento, se procederá a la expropiación temporal de uso de los terrenos.
Infracciones y sanciones. Serán infracciones muy graves la construcción o remoción de terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas (sanción de 10.001 a 150.000 euros). Serán infracciones graves el incumplimiento de la orden de retirada de escudos, insignias o placas, no conservar o realizar obras en los lugares de Memoria Histórica sin autorización, trasladar restos humanos sin autorización o no informar del hallazgo casual de restos (sanción de 2.001 a 10.000 euros). Por último, se considerarán infracciones leves la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos, impedir la visita pública o daños a espacios o mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria (sanción de 200 a 2.000 euros). Las infracciones supondrán la pérdida de subvenciones o ayudas públicas.
Pruebas genéticas. La Junta de Comunidades realizará las pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos. Se constituirá un banco de ADN.
Justicia. La Junta de Comunidades denunciará ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones.
Si (
No(
