La parlamentaria socialista ha destacado que con esta ley, el Gobierno consiguió poner a todo el mundo en su contra, incluidos muchos Ayuntamientos gobernados por el PP y ha detallado que con ella, se elimina la posibilidad de que la administración local ejerza las competencia en sanidad, educación, servicios sociales o en políticas de igualdad. “Al acabar con esta posibilidad se está limitando la capacidad de actuación de la administración en situaciones en las que es absolutamente necesario trabajar para garantizar unos mínimos de dignidad, de cohesión y de convivencia en el conjunto del Estado”, ha apostillado.
Seguidamente, ha apuntado que “esta Ley consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado y en especial de las Entidades Locales y pone la gestión contable por encima de la atención a los ciudadanos y de la calidad en la prestación de los servicios a las personas que más lo necesitan”.
“Desde el principio, ha matizado, el Partido Socialista se opuso frontalmente a esta reforma porque ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal. Además, recorta competencias a los Ayuntamientos, abriendo el camino a la desaparición o la privatización de los servicios que se prestan desde las corporaciones locales. El objetivo de esta Ley no era otro que traspasar los servicios locales a manos privadas, provocando que sean los ciudadanos los que deban hacerse cargo de las subidas de los precios públicos y de las tasas”.
En este sentido, ha recordado que el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas que pretendía “vender” el señor Montoro a los Organismos de la Unión Europea, se hizo a costa de menos servicios públicos, más caros y de peor calidad, como consecuencia de este ataque a la Administración Local.
La senadora socialista por Cuenca ha indicado que “con esta Ley, rechazada por un gran número de gobiernos autonómicos, no se da solución a las demandas de los gobiernos locales. No clarifica competencias, ni asegura una adecuada financiación y supone un golpe brutal al Estado del Bienestar, a la Cohesión Social y a la Igualdad de Oportunidades”.
A continuación, ha afirmado que “esta Ley nacía con un afán de clarificación competencial y de racionalización de la estructura local, pero en realidad lo que ha supuesto es un desorden competencial que Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas han debido solucionar poniendo de su parte mucho esfuerzo, mucha voluntad de colaboración y poco menos que a escondidas de la Ley de Reforma Local”.
Manuela Galiano ha explicado que “estas y otras situaciones similares hacen que propongamos la derogación de esta Ley tan dañina para el mundo local y que de seguir en vigor mucho más tiempo va a suponer crear dos Españas. La de los ciudadanos de primera, que vivirán en las grandes ciudades, y la del resto de ciudadanos que tendrán que esperar que otras administraciones autoricen a sus ayuntamientos para poder prestar servicios tan básicos como el de Atención a la Infancia o Bibliotecas”.
Galiano ha concluido señalando que “no nos conformamos con la derogación de la ley sino que cada vez es más necesaria la elaboración de una nueva Ley de Régimen Local que sea fiel reflejo de lo que en realidad sucede en los Ayuntamientos españoles y que coordine sus actuaciones con el resto de Administraciones. Una Ley que proporcione una financiación adecuada y estable y todo ello con miras a poder prestar los mejores servicios a los ciudadanos, de la forma más eficaz y cercana. Y además, y esa es la propuesta del PSOE, la nueva Ley de las Corporaciones Locales habrá de hacerse de manera consensuada, de tal forma que habrá que tener en cuenta las opiniones, las necesidades y las diferentes realidades de los municipios españoles”.
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