Una sentencia que, han recordado, declara la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local (JGL) del Ayuntamiento de Cuenca, de fecha 31 de enero de 2011, por el que se aprueba el anexo al acuerdo marco correspondiente al Cuerpo de la Policía Local. Asimismo, estipula que se deduzca “el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a los miembros de la JGL que adoptaron el acuerdo recurrido”, entre quienes se encuentra el actual alcalde, Ángel Mariscal.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cuenca, M. Jesús Gómez del Moral, ha incidido en que la novedad de la sentencia del Supremo, conocida esta semana, es que “adquiere firmeza y confirma que se ha podido incurrir en un posible delito de prevaricación”. El proceso ahora es que “el Supremo devolverá las actuaciones al TSJ y éste al Ministerio Fiscal para que realice las investigaciones que procedan”.
El secretario de Organización del PSOE de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, ha resaltado por su parte que el PP “llegó a decir, para justificar lo injustificable, que aprobó el acuerdo sin informe en contra”, cuando la propia sentencia del TSJ “dice explícitamente que en el expediente administrativo consta informe desfavorable de la interventora municipal, el cual contiene advertencias de ilegalidad de los complementos económicos que el acuerdo contempla”.
Gómez del Moral ha explicado que lo que hizo el PP en su momento fue aprobar un acuerdo retributivo para determinados cargos de la Policía Local “al que puso un nombre ‘A’, decisión sobre la que la interventora emite un informe negativo. Entonces el PP, a sabiendas, cambia el nombre a ‘B’ manteniendo el mismo concepto retributivo y el mismo contenido, y lo saca adelante. Y el TSJ les ha dicho que lo que han pretendido es burlar la ley a sabiendas”.
La concejala argumenta, concretamente, que si bien el aludido informe desfavorable de la Intervención se refiere al texto originario del acuerdo, “sus advertencias deben considerarse plenamente vigentes con respecto al texto definitivamente aprobado”. En este punto la concejala socialista ha resaltado: “Qué no habrá visto el TSJ en ese procedimiento para decir de oficio que se ha podido cometer un presunto delito de prevaricación”.
Ante la gravedad de este asunto, los responsables del PSOE han apuntado que ahora habrá que esperar a que actúen los Tribunales “y luego actuaremos nosotros”. En cualquier caso, la portavoz del GMS ya ha adelantado que “a la vista de lo que está pasando hablaremos con el resto de grupos políticos”.
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