Pronto, el 28 de diciembre, nuestra pionera Ley integral contra la violencia de género cumplirá 11 años de vida. Esta ley, que nació con el objetivo de erradicar este tipo de violencia, construida sobre la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres contra las mujeres, supuso un importante hito en la lucha contra la violencia machista.
Sin embargo, las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas son realmente preocupantes. En lo que va de año, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 48 mujeres han muerto por violencia de género. De ellas sólo habían presentado denuncia con anterioridad 6. Terribles también son los datos de los menores huérfanos por violencia de género; este año, 44.
Y tras ellas, se esconden las realidades de miles de mujeres que en su día a día son víctimas de las distintas manifestaciones, muchas de ellas muy sutiles, con las que se presentan la discriminación y la violencia de género tanto en su entorno sentimental, como en el laboral y social.
A pesar de los avances que nuestro país ha experimentado en materia legislativa, que apuestan por una igualdad formal, las desigualdades reales entre hombres y mujeres son una realidad palpable, constatable en esferas tan diferentes como los salarios, la inserción profesional, la representación en espacios de toma de decisiones, los tiempos de cuidados, o los repartos de tareas domésticas. La violencia, como expresión máxima de la desigualdad, queda reflejada crudamente en la frialdad de las estadísticas.
La lucha contra la violencia y contra la discriminación requiere del compromiso de todos los poderes públicos y de una actuación diligente en las distintas formas de actuación, desde su visualización y el diseño de campañas de sensibilización, hasta las políticas de prevención, detección e intervención ante sus diferentes manifestaciones.
Lejos de adoptar una mirada pasiva a esta realidad, las universidades hemos de contribuir a su erradicación, ya que tal como recoge la Ley contra la Violencia de Género, las universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, la docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal (art. 4.7).
Nuestra actividad académica no ha de dejar en el olvido los compromisos sociales, más aún cuando en nuestras aulas se forman profesionales que han de recibir una formación integral que les permita ser ciudadanos y ciudadanas, no solo excelentes en su campo de saber sino también comprometidos y comprometidas con los problemas de su medio. Las universidades han de ser espacios generadores de cambios, también de cambios sociales, y han de ser referente de avances en este ámbito. Por ello, en sus aulas y en sus estructuras no han de reflejarse las desigualdades que la sociedad construye.
En este día 25 de noviembre, mostramos nuestro firme rechazo y la exigencia de tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia de género. Es el momento de generar los mecanismos necesarios tanto para identificar los casos de violencia de género sufrida por los miembros que forman parte de nuestra comunidad universitaria, como para llevar a cabo acciones de sensibilización hacia la desigualdad en general y hacia la violencia de género en particular. En esta labor contribuirá seguro el extenso trabajo de investigación que en materia de género muchas profesoras y profesores están desarrollando en nuestra universidad.
La violencia de género exige el compromiso de la ciudadanía y de sus instituciones. La Universidad es un espacio privilegiado para asumir nuestro compromiso social en la formación de ciudadanos y ciudadanas comprometidos y comprometidas con la igualdad, y contribuir a conformar una sociedad y una universidad más igualitaria y, por supuesto, libre de violencia.
Francisco José Quiles Flor
Catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores-UCLM
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