El Ayuntamiento motillano fue, junto al de Tarancón y el de Ledaña, de las tres únicas entidades locales que recurrieron las sentencias del Juzgado de lo Social de Cuenca a raíz de las demandas que CCOO presentó para que el personal laboral de Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputación, Fundaciones públicas, etc., recuperasen al menos una parte de la paga extra no percibida. En la mayoría de las sentencias emitidas, alrededor de unas 65, se reconocía un devengo desde el uno de enero hasta el catorce de julio, fecha de entrada en vigor del RD 20/2012, lo que supone recuperar unos 194 días o un 55% de esos ingresos extras, que son un derecho reconocido en convenios colectivos y en normativa básica como el Estatuto de los Trabajadores.
Desde la FSC CCOO-Cuenca, al igual que ocurrió con el Ayuntamiento de Tarancón, se cuestionó que el gobierno local recurriese la sentencia en primera instancia, con lo que ha supuesto de gastos innecesarios agravados en este caso con la imposición de las costas procesales fijadas en 500 euros. “Esperamos que el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Motilla, encabezado por IU, no presente más recursos, ahora sería de casación, y haga efectiva la sentencia que ha sido comunicado con fecha 15 de junio”, ha señalado el portavoz del Sector de la Administración Local, Ángel Luis Castellano Bobillo.
El representante sindical de la FSC ha informado que han presentado un escrito en el Ayuntamiento de este municipio de la Manchuela conquense, poniendo en comunicación del nuevo Alcalde la existencia de esta sentencia del TSJ y solicitando una reunión para analizar este asunto y conocer las intenciones del equipo de gobierno sobre este tema.
“Confiamos plenamente en que haya voluntad de ejecutar la sentencia, y desde el punto de vista administrativo y financiero se dispongan de fondos para cumplirla, completando el porcentaje de esta paga que ya recibió el personal laboral, y el funcionario, en virtud de lo que permitía la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015”, comentó Bobillo.
“Los empleados públicos no pueden seguir siendo víctimas directas de las injustas políticas del gobierno de España, ejecutadas en este caso por los Ayuntamientos, y desde las instancias locales y desde los gobiernos progresistas y de izquierdas tienen que ser aliados de organizaciones sindicales como CCOO en la recuperación de los derechos que se han perdido en los últimos años”, aseveró finalmente Castellano Bobillo.
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