El gobierno ha aprobado recientemente el nuevo currículo de la asignatura de religión que la Conferencia Episcopal Española ha elaborado en base a los acuerdos con la Santa Sede de 1979. En él se potencia la religión en la enseñanza pública que se convierte en materia evaluable. En primaria será optativa frente a Valores sociales y cívicos que sustituye a Educación para la Ciudadanía. Según José Ignacio Wert este área se eliminó con el argumento del “adoctrinamiento ideológico” y porque “provocaba una seria división en la sociedad”. Sin embargo hasta los mismos profesores de religión critican los nuevos contenidos de religión porque consideran que acentúa la confesionalidad y se usan como catequesis para evangelizar al alumnado según afirma Alfredo Sepúlveda del sindicato USIT de profesores de religión. Y es que los nuevos contenidos incluyen los rezos como estándares de aprendizaje evaluables para los alumnos de primero de Primaria.
En el currículo de secundaria se suprimen las referencias a otras religiones como el judaísmo y el islam que aparecían en el anterior currículo, y en el Bachillerato se explica el creacionismo. Así, se valora si el estudiante de Bachillerato “reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino del cosmos”.
El currículo, recientemente publicado en el BOE afirma, entre otras muchas cosas, la incapacidad del ser humano para ser feliz si no es con Dios: “Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz”.
Evidentemente el hecho de impartir en horario lectivo este tipo de contenidos en la enseñanza pública dista mucho del modelo aconfesional de Estado que establece nuestra Constitución en su artículo 16.3 según el cual “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Y todo esto sucede en un contexto en el cual se está tratando de empobrecer y privatizar la enseñanza pública en todos sus niveles mientras se potencian la asignatura de religión, que se hace evaluable y cuenta para la nota media final, y los conciertos educativos que no sólo se mantienen sino que comparativamente incrementan su financiación.
La escuela pública se empobreció al rebajarse un punto del PIB el gasto en enseñanza. Se despiden a miles de docentes y se aumenta la ratio de alumnos por aula. Todo esto se justifica por motivos económicos. Pero, para el gobierno, debe de ser esencial el mantenimiento de los profesores y profesoras de religión a los cuales, según Europa Laica, dedica el Estado 500 millones de euros al año. La situación de estos profesionales es del todo irregular pues si bien la Ley de la Función Pública establece el principio de igualdad, mérito y capacidad como criterio de selección para los maestros y profesores, son los obispos los que los seleccionan aunque es el Estado el que paga sus nóminas. La situación es del todo anormal pudiéndose dar el caso de que un profesor o profesora de religión despedido por el obispado, por ejemplo por divorciarse, tenga que ser indemnizado por la Consejería de Educación.
Seguramente la situación más grave e injusta se da en la escuela rural. En nuestra Comunidad Autónoma se han cerrado ya más de 70 colegios rurales, más de la mitad en Cuenca con el daño que ello supone para la vida y el desarrollo de las, ya despobladas zonas rurales. Recientemente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha suspendido el cierre de la escuela de la localidad de Puente de Vadillos en Cuenca. Desgraciadamente, en opinión de algunos vecinos, esta sentencia ha llegado demasiado tarde pues ya se han marchado algunas familias jóvenes. No obstante autoridades provinciales del Partido Popular afirman que no hay relación entre la disminución de servicios sociales, como sanidad o educación en los pueblos, y el terrible despoblamiento que sufren estas zonas.
Otro hecho contradictorio es el mantenimiento de los conciertos educativos. Es posible que tuvieran alguna justificación hace 30 años pero no en la actualidad. No hay dinero para la escuela pública pero sí para la escuela privada concertada.
Efectivamente la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 regula la existencia de este peculiar tipo de centros en su Título Cuarto. Esta ley establece que “los centros privados sostenidos con fondos públicos recibirán la denominación de centros concertados” (art. 10.3). Según el artículo 48.3 de esta misma ley “tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos centros que atiendan a poblaciones de condiciones socioeconómicas desfavorables”.
Todo parece indicar que este no es el verdadero propósito de estas escuelas y que la Iglesia católica es una gran privilegiada que se permite el lujo, con el consentimiento y aprobación del gobierno que no escatima en gastos en este caso, de imponer su currículo en la escuela pública y en horario lectivo pasando por alto nuestra Constitución.
En Equo apostamos por una educación pública, aconfesional y gratuita de calidad con financiación suficiente y estable y nos oponemos a todo recorte educativo. Apoyamos el desarrollo de la red educativa pública y la reducción progresiva de los colegios concertados. Mientras tanto existan centros concertados, estos no deberán establecer ningún tipo de discriminación entre sus alumnos por procedencia, religión o sexo.
Miguel Ángel Villalvilla
Equo-Cuenca
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