García ha señalado que los informes, tanto de la Secretaría General como de la Intervención, son contundentes. Así, la Secretaría asegura en su escrito que el anexo al contrato de adjudicación, en régimen de concesión de obra pública, para la construcción, conservación y explotación de una Casa del Agua en Cuenca, firmado por Francisco Pulido el 10 de noviembre de 2009, “es nulo de pleno derecho”; y argumenta que “el anexo recoge un compromiso de gasto municipal para diez años, por lo que el presupuesto municipal de cada uno de esos ejercicios debía contemplar consignación presupuestaria para hacer frente al mismo, y el órgano competente para compromisos de gasto de ejercicios futuros es el Pleno del Ayuntamiento, no el alcalde”.
Añade además que “tampoco se siguió el procedimiento adecuado para aprobar el anexo como parte del contrato”, y dice que “si se consideraba un anexo al contrato y por tanto formaba parte del mismo, debía haberse aprobado por el órgano de contratación, la Junta de Gobierno Local y siguiendo los trámites que la Ley de Contratos del Sector Público y no consta que así se hiciera”.
El informe de la Secretaría General advierte además que el documento en el que Pulido se compromete a pagar a una empresa privada 1,8 millones de euros en diez años “está firmado el 10 de noviembre de 2009 y en esa fecha, según consta en el expediente, TEC no era aún adjudicataria del contrato de concesión”.
Asimismo, observa que “el plan económico-financiero presentado por el concesionario en el momento de la licitación no señala como fuente de financiación al Ayuntamiento, ni tampoco recoge como ingresos en la explotación la aportación municipal”.
Por último, recuerda que la Intervención General levantó un reparo en diciembre de 2012 sobre nulidad del anexo y el pleno, con 13 votos a favor de los concejales del Grupo Socialista y 12 abstenciones de los concejales del Grupo Popular, se allanó al reparo formulado por la Intervención”. “Por tanto –concluye- cuando el anexo fue tratado por el órgano competente para aprobar el gasto, no se aprobó”.
Por su parte, el informe de la Intervención de Fondos dice: que “no existe ni ha existido obligación del Ayuntamiento frente a estos particulares”, que “los documentos que ostentan no le otorgan ese derecho” y que “si esos documentos fueron emitidos vulneraron la legalidad, y creando un perjuicio para el Ayuntamiento bajo una apariencia de legalidad, ese debe de reclamar a quien los otorgó”, es decir al ex alcalde Francisco Pulido. Finalmente, concluye que “en ningún caso el Ayuntamiento puede amparar un acto administrativo que vulnera gravemente la ley y que puede ser tipificado como ilícito penal”.
Responsabilidad política
García ha señalado que el Equipo de Gobierno no va a hacer valoraciones sobre las responsabilidades jurídicas que podrían derivarse de este asunto porque “eso le corresponde a la Justicia”. Sin embargo, ha asegurado que “lo que sí vamos a hacer es exigir que se depuren las responsabilidades políticas” y ha pedido nuevamente la dimisión del concejal del actualmente concejal del Grupo Popular, Francisco Pulido.
“La única postura decente que le queda al señor Pulido es la dimisión. El Sr. Pulido debe dar explicaciones a la ciudadanía y marcharse”, ha declarado.
Del mismo modo, ha lamentado el “silencio clamoroso” del Grupo Municipal Popular y del PP de Cuenca, añadiendo que “el portavoz del PP, Pedro José García Hidalgo, el relator de la cueva, debería de arrojar algo de luz sobre este oscuro asunto, gestado en la única cueva de este Ayuntamiento y de la que sólo el PP tiene la llave”.
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