La senadora del PP ha recordado como el Gobierno recibió un stock inadmisible de facturas que supuso el cierre de empresas, la pérdida de empleos y la inestabilidad de los servicios, “todo por la inoperancia de un Ejecutivo socialista que adoptó medidas ineficaces y vetó las iniciativas que sí podrían tener resultado, como la línea ICO para ayuntamientos”.
Por el contrario, explicaba María Ángeles García, el Gobierno de Rajoy nada más comenzar la legislatura puso en marcha medidas urgentes como el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), para así conseguir aportar liquidez a empresas y administraciones, financiar el stock de facturas pendientes, recuperar la confianza y credibilidad de las administraciones y garantizar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores.
De este modo, con el Plan de Pago a Proveedores y el FLA se han inyectado 81.000 millones de euros, se han generado 400.000 empleos, se ha aumentado el PIB en un tres por ciento, el 70 por ciento de los pagos ha ido directamente a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, 190.800 empresas han cobrado sus facturas, se ha logrado que la Administración central cumpla ya con el plazo medio legal de pago a proveedores de 30 días, las comunidades autónomas se han ahorrado con estos mecanismos 20.000 millones en intereses y cerca de 6.600 millones han ido para PYMES a través del ICO, entre otros de los muchos resultados positivos de las medidas del Gobierno de Rajoy.
La dirigente del PP ha señalado que ahora el objetivo es que esta situación de morosidad no se repita. “Para ello una Ley Reguladora de la Deuda Comercial controlará estrictamente la morosidad pública con proveedores, se impulsará de la factura electrónica para que los proveedores podrán tramitar sus facturas con la administración de forma electrónica, y gracias a la Ley de Transparencia se obligará a publicar la información de las cuentas públicas, para acabar con las facturas en los cajones”, apuntaba García.
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