Públicamente le reclaman esa respuesta pues a fecha de hoy siguen sin tener contestación y el plazo de los 3 meses está llegando a su fin. Le recuerdan que tienen derecho a que la administración justifique y argumente sus decisiones, que el hecho de que sus decisiones se publiquen en el BOE no implica que estas no deban justificarse, como ocurrió en la resolución del 14 de enero. Y, que el recurso de alzada interpuesto si se justificó y argumentó en base a la legalidad vigente, por lo que esperan que el Sr. Ministro, respaldado por todo el poder y los recursos técnicos que le otorga su cargo, tenga a bien contestar de forma razonada.
Desde la plataforma Queremos Nuestra Caja señalan que la decisión de intervención y sustitución del órgano de administración se produjo en pleno proceso electoral de la Cooperativa de Crédito, tras la dimisión del Consejo Rector que había quedado deslegitimado ante la Asamblea de socios y dejaba a los socios en una situación de indefensión al producirse de modo súbito y urgente el inicio del procedimiento de resolución por parte del FROB. Que, además, no existía ningún tipo de argumentos que pudiera justificar la urgencia de una decisión tan drástica contra la Caja Rural de Mota del Cuervo, pues la entidad venía funcionando con normalidad incluso después de la inspección del Banco de España que decía haber detectado una situación de inviabilidad. En todo caso, esta situación hubiese podido subsanarse con medidas de atención temprana de escasa entidad y repercusión para el sistema financiero, que los socios estaban dispuestos a adoptar.
También recuerdan que las responsabilidades, de existir, se extienden al propio órgano supervisor, auditores, asesores jurídicos y responsables directos y no a los socios, a los que en asamblea de junio de 2013 se les presentaron unas cuentas que resolvían todos los defectos de gestión. No es posible que en menos de 6 meses se genere una situación en la que el Banco de España dice haber descubierto necesidades de capital de 5,8 millones de euros y una valoración económica negativa de 698.000 €.
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