La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Cuenca, Carmen Torralba, avanzó hoy que su grupo pedirá al presidente de la Institución Provincial, Benjamín Prieto, que cree una Comisión del Consorcio de Instalaciones Deportivas que se encargue de liquidar aquellos contratos que estaban pendientes aún de ejecutar.
Así lo propondrá la portavoz socialista en el próximo pleno de la Diputación de Cuenca, que tendrá lugar mañana miércoles, en referencia a las obras del estadio de la Fuensanta, en la capital conquense, y la construcción del pabellón polideportivo de Arcas.
Cabe recordar que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Cuenca ha declarado nula la disolución del Consorcio de Instalaciones Deportivas tras el recurso interpuesto por las empresas adjudicatarias de las obras de remodelación del estadio de La Fuensanta, en la ciudad de Cuenca. La sentencia expone que el Consorcio de Instalaciones Deportivas no puede disolverse sin haber cumplido los objetivos y fines para los que fue creado.
Torralba ha insistido una vez más en que la disolución del Consorcio por parte del también presidente del PP conquense, Benjamín Prieto, fue una decisión “arbitraria” con el único objetivo de perjudicar a dos ayuntamientos gobernados por el PSOE como Cuenca y Arcas.
“Los argumentos de esta sentencia están en sintonía con lo que decíamos desde el Grupo Socialista”, añadió, al tiempo que recordó que también los ayuntamientos de Cuenca y Arcas recurrieron la disolución del Consorcio de Instalaciones Deportivas.
En este contexto, Torralba señaló que su Grupo preguntará en el pleno en qué situación quedan los trabajadores del Consorcio “que también presentaron recurso y lo han ganado, al considerarse despido nulo”.
Las contradicciones de Prieto
La portavoz socialista calificó de “chocantes” las declaraciones de Benjamín Prieto respecto a la sentencia que declaraba nula la disolución del Consorcio alegando que atentaba contra la autonomía local. A su juicio, resulta una contradicción teniendo en cuenta que el PP defiende una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que “sí que supone un atentado grave contra la autonomía local, sobre todo en los municipios menores de 20.000 habitantes”.
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