CCOO ha colaborado con organizaciones políticas y la Plataforma de Defensa de Servicios Públicos para la recogida de firmas entre los ciudadanos de Mota del Cuervo para exigir que se realice una exposición pública del convenio con Aguas de Castilla-La Mancha para que se conozcan todos los detalles, clausulas y consecuencias; y en segundo lugar la realización de una consulta popular posterior a la explicación del proyecto y previa a la adopción de cualquier acuerdo con respecto a esta cuestión.
Actualmente el servicio público del agua se gestiona directamente por el Ayuntamiento en todo sus ciclos y fases: suministro, control, mantenimiento, saneamiento, alcantarillado, depuración, cobro de recibos, etc., y cuenta con un patrimonio público en instalaciones, maquinaria y personal de la plantilla que se ha logrado gracias a las inversiones directas municipales y a través de ayudas económicas de otras administraciones a lo largo de muchos años fundamentalmente en este último periodo de ayuntamientos democráticos.
Desde CCOO se intensificará su colaboración en esta campaña informativa que ha conseguido en tan solo tres días más de 500 firmas lo que demuestra la preocupación e interés del asunto entre los moteños y moteñas. Han animado a todos los vecinos a firmar en los pliegos que están a su disposición en la sede de Mota del Cuervo.
Por su parte la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO hará un seguimiento del tema para evitar una nueva pérdida de gestión pública y directa de un servicio municipal en la provincia de Cuenca.
Coincide este posicionamiento de CCOO con la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) en favor del derecho humano al agua y el saneamiento que está apoyando y difundiendo este Sindicato.
Esta campaña, promovida desde hace un año por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU), pide a la Unión Europea el establecimiento de objetivos vinculantes a través del derecho comunitario para conseguir tres objetivos principales: garantizar unos servicios de agua y saneamiento para todos los ciudadanos de la UE; asegurar que estos derechos están por encima de los intereses del mercado interior (rechazando la liberalización de los servicios de agua); y aumentar la contribución de la UE y de sus países miembros, a través de sus aportaciones de cooperación al desarrollo, para hacer realidad el derecho de acceso universal al agua y saneamiento.
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