El PP de Castilla-La Mancha muestra su satisfacción por la Sentencia que da la razón a la presidenta Cospedal, en relación con la querella sobre los espionajes de Ciudad Real.
La portavoz del PP de Castilla-La Mancha y senadora por Toledo, Carmen Riolobos, ha considerado que esta Sentencia es una muestra de la judicialización de la política que interesa a algunos, haciendo acusaciones injustificada, que hacen perder el tiempo a los Tribunales de Justicia y a los jueces, que pagamos entre todos los españoles. En este sentido Riolobos ha indicado que la Sentencia –rigurosa y argumentada-, absuelve a la demandada y condena en costas a los demandantes, por una acusación temeraria y sin fundamento.
La dirigente popular, ha destacado que, según la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 5 de Coslada, en los Fundamentos de Derecho, en el apartado 5º: (…) “Todos estos indicios, junto con la vaguedad e imprecisión de los testimonios de demandante y testigo –supuestos conocedores de todo el devenir de dichos informes-, así como la militancia del Sr. García González en el PSOE –reconocida por el propio demandante-, y la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas a la fecha en la que se realizó dicha investigación, constituyen elementos más que suficientes para, al menos, poder sospechar que la investigación realizada por la agencia de detectives no tenía como verdadera finalidad la de ser utilizada en una demanda por acoso laboral –a la que finalmente no se aportó-, sino la intentar utilizarla con alguna finalidad política, (…)”
Resuelve el juez en su Fallo: “Debo absolver y absuelvo a los codemandados de todas las pretensiones que contra ellos se formulan en el suplico del escrito de demanda, con expresa imposición de las costas causadas en esta primera instancia a los codemandantes”.
Asimismo, la portavoz popular, Carmen Riolobos, ha señalado que la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha manifestado su satisfacción y ha señalado su confianza en la Justicia y en un Estado social, democrático y de Derecho y el hecho de que la ley sea igual para todos. “Todos tenemos derecho a defender nuestro honor y buen nombre”, ha concluido.
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