La nueva normativa suprime como requisito para la suscripción de conciertos educativos la condición de que la escolarización no pueda ser cubierta por centros públicos. Con la supresión de este requisito, a partir de ahora, la Consejería tiene “manos libres” para ampliar el número de centros concertados e inclusive el cierre de públicos, lo que supondrá la “mercantilización” de la Educación.
Por otro lado, los datos ofrecidos por el Consejero sobre la aportación económica que el Gobierno Regional destinará a los centros públicos y a los concertados, demuestran que a Castilla-La Mancha le saldrán más caros los centros concertados. Así, reconoce dedicar 150 millones de euros para los conciertos de 128 centros, frente a los 1.000 millones de euros para los 1.130 centros públicos.
Para ANPE el dinero que se deriva a la enseñanza privada-concertada se pierde para la educación pública, que es la que debe garantizar el derecho fundamental a la Educación reconocido en el artículo 27 de la Constitución y el derecho a la igualdad de oportunidades. La Educación Pública no puede soportar ni un recorte más, necesitando una financiación sólida, que asegure los recursos humanos y materiales necesarios para sostener su calidad.
Es por todos conocido que la mayor lacra que sufre el sistema educativo castellano-manchego son las escandalosas tasas de fracaso escolar situadas en un 34%, muy por encima de la media nacional y europea. La política educativa diseñada por el anterior y el actual Gobierno Regional, basada en el aumento de alumnos por clase y la reducción drástica de plantillas, hace imposible corregir estos índices y avanzar hacia la excelencia.
Por ello nuestra Comunidad Autónoma no puede permitirse una mayor disminución en la inversión educativa con vistas a obtener la mayor eficacia en la educación, siendo incomprensible que se deriven los recursos a la enseñanza concertada mientra se recorta injustamente a la pública.
Somos conscientes de que en esta lucha por la enseñanza pública será difícil que contemos con el apoyo de otros sindicatos no sectoriales que negocian también a favor de la enseñanza privada y concertada, que deberían tener voluntad de denunciar los acuerdos que han firmado y así destinar todos los fondos a la enseñanza pública.
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