IU CLM considera que la eliminación de la dedicación exclusiva de algunos diputados y diputadas esconde un ataque directo al derecho de los ciudadanos a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad.
Para Daniel Martínez, coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, “se trata de una medida cargada de hipocresía y demagogia ya que mientras se limitan las posibilidades de trabajo y dedicación a los cargos electos se multiplican los cargos elegidos a dedo por el gobierno, optando además los diputados por cobrar sueldos de otras administraciones”.
En este sentido la gran mentira e hipocresía del Partido Popular se demuestra cuando presumen de eliminar los sueldos de los diputados y a la vez muchos de ellos pasan a cobrar sueldos de otras administraciones con lo cual se está tomando el pelo a los ciudadanos y se demuestra que no hay ahorro alguno. El ahorro no es tal, pasando de cobrar por las Cortes a hacerlo de los ayuntamientos, como es el caso del diputado y Alcalde de Seseña que a partir del uno de enero pasará a cobrar un sueldo de 40.000 euros anuales en su ayuntamiento, más las dietas correspondientes en las Cortes. En parecidas circunstancias se encuentra la diputada y alcaldesa Popular de la localidad de Brihuega, que pasará su sueldo al ayuntamiento, y la concejala socialista del ayuntamiento de Valdepeñas Josefa Ruiz López.
Parece que ya no recuerda cuando hace escasas semanas la Presidenta de Castilla-La Mancha aseveraba no querer políticos profesionales en las Cortes.
“No solo estamos sufriendo con la mayor crudeza posible los recortes indiscriminados, ajustes duros y desmantelamiento de los servicios públicos, con la consecuencia inmediata de la perdida de cohesión social y retrocesos históricos a todos los niveles, también sufrimos una involución democrática sin precedentes”
Por tanto, no es una medida ejemplar como pretende hacer ver el PP, nadie quiere esta medida en su comunidad autónoma, y si de algo somos ejemplo es de ser la región europea menos democrática y con el parlamento más hermético y alejado de la realidad social.
Izquierda Unida considera necesario recurrir ante el Tribunal Constitucional y apuesta por mantener la dedicación exclusiva de los cargos electos, con sueldos que tengan como referencia la medida del resto de sectores y trabajadores de la región. No tener dedicación exclusiva y atender los deberes de diputado o diputada en el tiempo libre es absolutamente imposible y supone intentar acabar con cualquier tipo de control al gobierno, en una región con más 75.000 kilómetros cuadrados, cinco provincias, más de dos millones de habitantes y un presupuesto anual que asciende a 7.440 millones de euros.
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