Todas las medidas de ajustes o recortes van encaminadas a que desaparezcan colegios rurales, maestros y profesores, institutos y universidades. No solo se pierden 9 millones en inversiones educativas en nuestra región sino que se reduce el presupuesto que había en un 22%.
Este curso comenzó mal para las familias, alumnado y profesorado de educación secundaria, se eliminó un 10% de la plantilla de los centros públicos, pero el próximo será nefasto también para infantil, primaria, adultos y universidad.
PSOE y PP reformaron la Constitución española en septiembre de 2011, por su cuenta y riesgo, sin contar con nadie, ni referéndum ni consenso, a su manera, como han hecho y siguen haciendo con tantas otras políticas. Concretamente reformaron el artículo 135 haciéndolo mucho más extenso para incluir que “el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. (…) El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. Por hacer esto fueron felicitados efusivamente por el BCE, FMI, UE, Alemania y Francia. A partir de ese momento, aunque hubo elecciones generales dos meses después, ganó con mayoría absoluta uno de los dos partidos y aplica, religiosamente, tal artículo.
La Constitución Española tiene 169 artículos, referidos a la vivienda, la sanidad, el trabajo, por supuesto a la educación y a vivir con dignidad todos y cada uno de los españoles y españolas. Sin embargo el único artículo que importa al gobierno de turno es el 135, eso sí, una vez modificado, antes tampoco les importaba.
La educación pública, como el resto de servicios públicos, debe atenerse a ese artículo 135, es decir, preguntar a Europa cuánto debe destinar España, con los impuestos de todos, a la educación pública para que haya dinero para los bancos, para el ATC y el AVE que son los asuntos a los que el Presupuesto General del Estado dedica dinero en nuestra provincia.
En Cuenca no habrá oposiciones a infantil, primaria, secundaria ni universidad. En Cuenca subirán las tasas para estudiar una carrera y desparecerán titulaciones. En Cuenca se eliminarán los apoyos a la educación infantil, la escuela de adultos, buena parte de las escuelas rurales, el transporte escolar en infantil y bachillerato, las becas a las rentas, los complementos a los trabajadores, las inversiones en I+D+i, pero subirá el número de alumnos por aula y profesor, el IRPF de las nóminas, el horario del profesorado o las notas en las becas.
Mientras haya niñas y niños tendrá que haber colegios, institutos y universidades, pero ahora ya no está garantizado que sean públicos ni de calidad.
Todo lo contrario, se destinan millones de euros para la educación concertada y privada, además facilidades para que siendo mala la pública quien quiera una educación mínimamente normal tenga que pagarla.
IU Cuenca
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