Así lo ha explicado durante su comparecencia en las Cortes Regionales para explicar la ordenación e inspección del transporte en la región, donde se ha referido a los planes de las Áreas Supramunicipales de Transporte de Toledo y Guadalajara (ASTRA), para asegurar que “se van a prorrogar estos planes, dado que los convenios correspondientes vencieron el pasado mes de marzo”. En relación a los costes de este servicio, financiado en un 50 por ciento por la Junta de Comunidades y en otro 50 por ciento por los Ayuntamientos, Marta García ha subrayado que “los ayuntamientos no han podido hacer frente a los costes del plan, lo que ha obligado a este Gobierno a adelantar las indemnizaciones a los concesionarios, sin recibir apenas ingresos procedentes de las corporaciones locales obligadas al pago. Esta situación ha llevado al actual Ejecutivo a tener que iniciar un procedimiento de compensación de ingresos por un importe de 1,7 millones de euros”, ha añadido.
Consideraciones particulares para la tarjeta joven
Con respecto a la tarjeta joven de transporte, la consejera ha explicado que el Gobierno socialista adquirió este compromiso con un coste de 4 millones de euros y una metodología indiscriminada. “Hay que pasar de la subvención por categorías amplias y sin ningún tipo de discriminación, a la identificación de los colectivos que merecen el esfuerzo financiero de los recursos públicos”, ha reclamado.
“La Consejería está trabajando en un sistema que permita tener en consideración condiciones particulares: por una parte, la subvención a viajeros que emplean el transporte con una finalidad productiva, bien sea para acudir al puesto de trabajo, o bien para asistir al centro formativo”, ha añadido.
Regulación del abono transporte
El abono transporte ha sido otro de los asuntos abordados por Marta García en su intervención, para recordar que ha sido el Gobierno quien ha normalizado la situación con la Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes. “Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos que el convenio había expirado hacía 3 años y medio, y el Gobierno socialista dejó una deuda de 8 millones de euros a la Comunidad de Madrid”.
Además, Marta García ha manifestado que la tramitación del nuevo convenio está en marcha y que “el nuevo texto incorpora mejoras sustanciales sobre el anterior, como su carácter indefinido, una flexibilización en los mecanismos de modificación del mismo, lo que agilizará cualquier cambio que en el futuro se considere necesario acometer, y la posible ampliación del abono a otras poblaciones que registren un importante flujo de viajeros hacia Madrid, como podría ser el caso de Talavera de la Reina”.
Por último, Marta García ha aclarado que “la fijación de las tarifas de los títulos de transporte no es competencia de los gobiernos de las comunidades autónomas, sino que es potestad exclusiva del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid y que los precios son para todos los viajeros por igual, ya sean castellano-manchegos o madrileños”.
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