Gobernar como si lo que se va a hacer fuera lo único que cupiere es siempre una falsedad. Gobernar es elegir, no en vano gobierno viene de timón, y para elegir es imprescindible saber a lo que se quiere llegar, y, en una democracia, aunque sea débil e inmadura, como ésta, hay que decir lo que se piensa en serio de las cosas. Este hecho me conduce, desde la responsabilidad que tengo en el Consejo Territorial de Castilla-La Mancha en UPyD, a requerir la corrección de los signos de gobierno negativo de la presidenta Cospedal en esta región. Verdaderamente las medidas restrictivas, y en algunos casos casi agresivas, como las calificó el profesor José Félix Tezanos, que viene tomando el Gobierno del PP en esta región están transmitiendo a la sociedad castellano-manchega una imagen bastante nociva y antipática de dicho Gobierno.
Por supuesto, si el PP hubiera anunciado en las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011 que tenía intención de tomar esa serie de medidas, plasmadas en su Plan de austeridad y recorte del gasto público, es muy posible que no hubiera obtenido, ni de lejos, los resultados que alcanzó. Cospedal y su gente se ha puesto en evidencia, porque la decisión de sus recortes lleva consigo la reducción del sector público, mayor control del gasto y eventuales privatizaciones, con una clara y explícita decisión de achicamiento del sector público, de control del gasto de todas las administraciones y de apuesta por el ámbito privado como "gestor" de servicios públicos, con el presupuesto y el compromiso de mejorar la prestación de los servicios públicos esenciales.
La Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, que comienza diciendo que ese plan busca articular una serie de medidas encaminadas a combatir los efectos de las disposiciones, acciones y decisiones adoptadas en los últimos años por el Gobierno precedente del PSOE, afectan de manera especial a las clases medias y a los funcionarios, sectores entre los que el PP logró atraer una buena cantidad de votos y que ahora se encuentran entre la perplejidad y una indignidad mal contenida. A la chita callando esa Ley ha suprimido de un plumazo DERECHOS que a los ciudadanos de Castilla-La Mancha nos ha costado mucho conseguir.
En España, y más aún en la Castilla-La Mancha cospedalina, tenemos que reconciliar a la política con la normalidad, con la discrepancia abierta, con los cambios, y dejar de confundir a la política con decir una cosa y hacer otra, que no es sino una variante de la misma confusión. Entonces, ese Gobierno frágil, ineficaz e inexperto ha de entender que los técnicos son muy necesarios, pero al servicio de la libertad, justo lo contrario de lo que muchos de los dirigentes populares suelen pretender porque se creen muy listos.
Y al PP le tiene que llegar aún la hora de los políticos. Así entenderán que la desafección que ha empezado a experimentar –como demuestran los resultados electorales de Andalucía y Asturias del 25-M- este partido, con inusitada rapidez, entre amplios sectores intermedios de la sociedad que habían confiado de manera un tanto simple e ingenua en su capacidad de gobierno, puede conducir a una crisis de legitimidad democrática. Crisis que se acentuará a medida que más personas se den cuenta que han sido engañadas y defraudadas electoralmente.
La desorientación en materia de política social de Cospedal y su Gobierno, tiene muchos riesgos y gobernar en estas circunstancias, muy difíciles, sin el apoyo de una mayoría social, es harto peligroso y complicado, como expuso el profesor José Félix Tezanos desde su altísima experiencia.
Mi praxis se atreve a calificar de aturdida y trastornada esa política social y demanda que la ponencia de Sanidad y Bienestar Social que desarrollará el PP en su XII Congreso Regional examine con frialdad y corrija las retribuciones, aumento de la jornada y modificación del horario de trabajo fijadas a los funcionarios; que modifique la Ley la jornada, turnos, productividad, guardias y movilidad de los médicos, enfermeros y demás personal (estatutario o no) del Servicio de Salud (SESCAM); que transforme la modificación de la Ley 4/2011 de Empleo Público de Castilla - La Mancha en lo que afecta a asuntos como los derechos por ILT; que, sobre todo, no se supriman aspectos básicos de la Ley 7/2010 de 20 de julio de Educación de Castilla - La Mancha:
- Los Centros Rurales Agrupados
- El programa de gratuidad de los libros de texto.
- El servicio de transporte y comedor al 2º ciclo de Infantil y al Bachillerato.
- Los Centros de formación del profesorado.
- La obligación por Ley de destinar al menos el 6% del Producto Interior Bruto Regional en todos los ejercicios económicos.
- Las ayudas para las enseñanzas de Música y Danza.
Desde el argumento principal expuesto, tampoco debe suprimirse de la Ley 14/2010 de Servicios Sociales la gratuidad de la Valoración de la situación de dependencia y ni hay que pagar para que le digan a los ciudadanos si tienen derecho o no a la Dependencia o si hay que pagar por la Ayuda a Domicilio.
E igualmente no cabe el recorte operado en leyes como:
- La Ley 3/2011 de lecturas y Bibliotecas de C-LM (bibliotecas).
- La Ley 12/2010 de Igualdad entre mujeres y hombres de C-LM (viudas).
- La Ley 5/2001 de prevención de malos tratos y mujeres maltratadas (casas de acogida).
- Ley 3/2003 de Cooperación Internacional para el desarrollo.
- La Ley 17/2010 de Familias Numerosas.
- La Ley 6/2010 de Inspección evaluación del servicio sanitario y prestaciones.
- La Ley 24/2002 de garantías en la atención Sanitaria Especializada.
Son muy preocupantes las incertidumbres sobre el futuro generadas por el actual Gobierno de Castilla-La Mancha, al que parece como si los habitantes de esta región no necesitaran vivir en sociedad ni tener una Administración fuerte que les preste servicios sociales básicos, ni Educación, ni Sanidad. ¿Cómo no van a preocuparse sus ciudadanos, si les rodean serias duda de su capacidad para pagar, si lo necesitan, algún servicio (negocio)? Estimo que nos hallamos no sólo ante una política contraproducente y equivocada, sino ante una implementación tan “exagerada y bravucona”, como dijo Tezanos, de esa política que “el futuro inmediato se nos puede acabar complicando bastante”.
Celia Cámara, responsable de UPyD en Castilla La Mancha, denunció ya el alineamiento del PP de Castilla La Mancha con la patronal y, con esto, rechazó la política de constantes recortes contra los empleados públicos y contra los servicios de salud y educación, básicos en el Estado del Bienestar. Bajo los parámetros dibujados por la Coordinadora Territorial de partido magenta pueden alcanzarse los grados necesarios de “cohesión social” en esta región, pero con la política social de Cospedal no. En efecto, por “cohesión social” entendemos la capacidad de un sistema social, económico y político para lograr tres objetivos complementarios: a) promover la autonomía y participación social de los ciudadanos; b) crear redes sociales e institucionales que generen capital social y favorezcan la inclusión social; c) y, finalmente, contribuir a la materialización de los derechos sociales en su más amplio sentido. Con lo cual, después de lo visto, Cospedal y su Gobierno producen incohesión social. No vemos con sus medidas una política auténtica y realista de “servicios sociales”.
Definimos aquí –según la obra del profesor Gregorio Rodríguez Cabrero Servicios sociales y cohesión social, Premio de Investigación del Consejo Económico y Social, publicada en 2011 por el CES- los “servicios sociales”, también denominados como servicios sociales personales, adoptando la definición de Demetrio Casado, como una rama o sistema de intervención social e institucional que tiene como objetivo el bienestar individual y social mediante la ayuda personal polivalente, basada en prestaciones técnicas y monetarias, acciones preventivas, de intervención social y rehabilitación, apoyadas en la acción organizada pública y social, así como en la acción voluntaria.
Según se constata en ese estudio, los servicios sociales han superado en gran medida a lo largo de los últimos treinta años su naturaleza “asistencialista” basada en el control institucional de los grupos de riesgo o excluidos para dar paso progresivamente a una sistematización de sus objetivos, técnicas y materialización de un conjunto básico de derechos subjetivos que satisfagan necesidades personales y familiares en un contexto comunitario y bajo una perspectiva de participación social de las personas. Un proceso de cambio, iniciado en la segunda mitad de la década de los años setenta del siglo pasado y aún no concluido, que ha sido favorecido por la Ley de Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPDA) y por las renovadas iniciativas de las comunidades autónomas que han asumido las demandas de los ciudadanos y de las organizaciones voluntarias a favor de una mejora de la calidad de vida a través de las leyes autonómicas de servicios sociales. Pues bien la política de Cospedal se emplaza en las antípodas de esto, derivando en una peligrosa senda que contraría las tres partes principales de esta materia: institucionalización, accesibilidad y empleo en los servicios sociales.
Siguiendo a Rodríguez Cabrero, el creciente papel del tercer sector de acción social se debe a varias causas como son la creciente institucionalización de la colaboración entre este sector y las Administraciones públicas (por ejemplo, el programa del 0,7 del IRPF y la presencia en distintos consejos consultivos de los servicios sociales); los límites de la acción estatal para dar respuesta efectiva a los nuevos riesgos sociales; la revitalización de la sociedad civil y de organizaciones sociales (por ejemplo, el movimiento de defensa de las personas con discapacidad, organizaciones de personas mayores, organizaciones en defensa de la igualdad de género, auge del voluntariado social organizado, entre otras); la reestructuración del Estado de Bienestar trasladando a la sociedad civil la satisfacción de ciertas demandas sociales de forma que, en lo que respecta a los servicios sociales, parte de la expansión del tercer sector de acción social en España en los años noventa se ha fraguado al calor de la revisión crítica sobre la efectividad y alcance de la provisión pública de servicios sociales. Por el contrario, Cospedal se pierde en una privatización contraria a la corriente general, cayendo en tramos maltrechos de política social insuficiente e injusta, que paso a paso irá derivando en un acceso más difícil a los servicios sociales, después de recortar estos en su eficacia y alejarse de su impacto.
Juan Andrés Buedo
Asesor en materia de Asuntos Sociales del Consejo Territorial de Castilla-La Mancha de UPyD
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