Asimismo, Bonilla ha querido destacar que el Plan de pago a proveedores, además de beneficiar a las pymes y a los autónomos, también favorecerá mucho a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas ya que es una forma de sanear las cuentas públicas “en un ejercicio de transparencia, de sensatez y de coherencia” porque se exige poner en marcha un plan de ajuste que ordene las cuentas y con el que no se pueda gastar más de lo que se ingresa en las arcas municipales y regionales”.
La diputada del PP ha recordado que este plan de ajuste debe ser presentado por todos los municipios que se han acogido a este mecanismo antes del 31 de marzo, teniendo después el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plazo de un mes para revisarlos y determinar si cumplen o no las condiciones para favorecerse del Plan de pago a proveedores.
Además, María Jesús Bonilla ha informado que a nivel nacional se han presentado un total de 1.931.976 facturas, que ascienden a casi 10.000 millones de euros, de las que 50.259 corresponden a proveedores autónomos y 63.500 a pequeñas y medianas empresas españolas.
La también alcaldesa de Tarancón ha puntualizado que en el caso de su Ayuntamiento se han presentado un total de 3.811 facturas por un importe de 10.600.000 euros, y ha indicado que el Plan de Ajuste que van a presentar al Ministerio de Hacienda se llevará al pleno del Consistorio taranconero el próximo 29 de marzo, para obtener así su aprobación.
Un Plan de Ajuste que, según ha detallado Bonilla, llevan realizando desde el mes de septiembre ya que “el estado de las cuentas del Ayuntamiento de Tarancón era una absoluta vergüenza”, y que llevará implícitas “medidas duras y un tanto complicadas pero que son absolutamente necesarias para dar orden a las cuentas que nos dejó el anterior gobierno socialista y que ayudará a sanear las arcas municipales en beneficio de todos y cada uno de los taranconeros”, aseveraba la alcaldesa.
El Gobierno “reformista” de Rajoy
Durante la rueda de prensa, María Jesús Bonilla también ha informado sobre otros asuntos que se trataron en el Consejo de Ministros del pasado viernes, además del pago a proveedores. Tal es el caso de la reestructuración y la racionalización del Sector Público Empresarial, “basado en todo momento en tres principios: la eficiencia, la economía y la estabilidad presupuestaria”.
De este modo, esta remodelación afectará a 80 empresas públicas estatales y 9 fundaciones, y se reducirán 24 sociedades estatales. “Una reforma más del Gobierno ‘reformista’ de Rajoy que supone un ahorro inmediato en gastos de administración y más transparencia en la gestión de los ingresos públicos”, señalaba la popular.
El Consejo de Ministros aprobó también, como ha indicado Bonilla, la ampliación de cinco líneas de crédito ICO destinadas a emprendedores y empresas de menos de 25 trabajadores, “para ayudar a las pymes a mantener sus puestos de trabajo y en un futuro cercano crear nuevos”.
La diputada ha detallado que la primera es la línea ICO-Inversión, dotada con 9.000 millones de euros para la adquisición de vehículos y maquinaria; la segunda, la línea ICO-Internacionalización, duplicándose hasta los 2.000 millones de euros; la tercera, la ICO-Liquidez, ampliándose de de 6.000 a 8.000 millones de euros; la cuarta, la línea ICO-Emprendedores, cuyos destinatarios son autónomos, profesionales y empresas que están iniciando su actividad o que la han iniciado en los cinco años inmediatamente anteriores a la concesión de esta línea; y por último, la línea ICO-Vivienda, destinada a reactivar el mercado de la rehabilitación, está dotada con 1.000 millones de euros.
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