Este Real Decreto-Ley establece obligaciones de información a cargo de las entidades locales y el procedimiento para su cumplimiento, las cuales se inician mediante la remisión de información certificada por parte de las entidades locales al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Asimismo, posteriormente obliga a “la aprobación de un Plan de Ajuste que debe responder a unos criterios básicos para garantizar la sostenibilidad financiera de la operación”.
Concretamente, el primer punto se refiere a la obligación de remitir una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago anteriores al 1 de enero de 2012 por vía telemática y con firma electrónica al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con fecha límite el día 15 de marzo de 2012. Así, apunta Torralba, “teniendo en cuenta que un buen número de Ayuntamientos de la provincia menores de 200 habitantes no cuentan con un secretario a tiempo completo, además de la dificultad que entraña el procedimiento, solicitamos esta puesta a disposición de medios por parte de la Diputación Provincial para los Ayuntamientos”.
Se trata, recuerda, “de algo que ya se hizo desde la institución provincial con ocasión de la aprobación del Plan E, lo cual permitió que todos los Ayuntamientos de la provincia de Cuenca pudieran formular sus peticiones al referido plan”.
Por cierto, ha aprovechado la diputada socialista, “dado que la consejera de Empleo y Economía, señora Casero, ha mantenido hoy una reunión con el presidente de la Diputación, señor Prieto, confiamos en que este nos dé buenas noticias de cara al pago de las deudas que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene contraídas con los Ayuntamientos desde que Cospedal es presidenta”.
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