Para Moya, las mejoras en materia de Justicia planteadas por el Gobierno de Mariano Rajoy supondrán “varias reformas de gran alcance para la sociedad española, en muchos casos de ellas demandadas por la gran mayoría como la Ley del Menor o la Ley del Aborto, y que responden a las promesas electorales del Partido Popular”.
Moya ha asegurado que en algunos casos se modificarán leyes existentes y en otros se crearan otras nuevas, “y todo con el trabajo y gran esfuerzo del Gobierno junto con la colaboración de los propios profesionales”.
La dirigente del PP ha destacado reformas como las de la Ley del Menor, con la que se evitará dobles enjuiciamientos, y en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos serán investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos.
“Una medida muy demandada y muy bien acogida puesto que afectaría a casos como el de Marta de Castillo”, explicaba Marina Moya.
En relación a la reforma del Código Penal, el Ministerio de Justicia instaurará la pena permanente revisable en casos extremos, “recordemos que una pena de carácter excepcional y revisable que se aplicará en situaciones muy restrictivas y para casos que hayan alcanzado el máximo de reprochabilidad social”.
También tiene mucha relevancia la reforma de La Ley del Aborto, con la que el Gobierno de Rajoy apostará por defender el derecho a la vida en los términos constitucionales y exigir el consentimiento paterno, por lo que las menores de edad que deseen abortar, aunque tengan 16 y 17 años, se les exigirá el consentimiento de los padres o tutores.
Moya ha explicado que el Ministerio de Justicia también realizará una revisión del sistema de tasas judiciales para evitar el exceso de litigiosidad y el colapso de los órganos judiciales. “Con esta reforma disuasoria, el ciudadano que quiera recurrir una sentencia tendrá que costear el proceso a partir de la segunda instancia, así se intentará poner fin al frecuente abuso de la segunda instancia, que provoca una considerable lentitud del servicio público y el derroche de recursos”.
La popular ha matizado que quedarán exentas de pago aquellas personas que realmente carezcan de recursos para litigar y no será de aplicación ni en lo penal ni en lo social.
Por último, Marina Moya ha avanzado que el Ministerio de Justicia permitirá la instrucción fiscal de los delitos, “medida que permitirá que los fiscales colaboren en los casos más sencillos o urgentes, sin que ello quiera decir que los fiscales puedan instruir un proceso igual que como lo hace un juez”; y que favorecerá un nuevo Código Mercantil que integrará la dispersa mercantil existente en esta materia en un único cuerpo legal debidamente coordinado y que garantizará la unidad de mercado, “lo que llevará a la economía española a una situación de competitividad real”.
Si (
No(
