No a la ‘comarcalización’ de Castilla. No a un nuevo escalón en la administración. No a más losas sobre la economía y las espaldas del contribuyente. Se trata de que las inversiones de las administraciones lleguen a todas las comarcas, no de que se instalen y se reproduzcan como hongos funcionarios (y políticos de tres al cuarto) en todos los rincones.
Los precedentes son un fiasco, más casta política, más enchufismo y nepotismo, más desprofesionalización de la administración, más burocracia administrativa, más gasto… ‘En el plano estructural, Cataluña dispone de organismos que otras comunidades no tienen, como los consejos comarcales. Todo ello, comporta un gasto importante. Los 41 consejos comarcales, por ejemplo, suponen un gasto de 556 millones anuales. Estos entes supramunicipales sólo existen en esta comunidad, Aragón y Castilla y León. Y, sólo en Cataluña, emplean a 1.050 consejeros en representación de todos los partidos. Lo cierto, sin embargo, es que desde algunos sectores se critica su función, ya que duplican competencias de diputaciones y ayuntamientos. Pero esa figura persistirá porque interesa políticamente. Por algo fueron creados los consejos por Jordi Pujol en los años 80 como contrapeso a la hegemonía municipal de los socialistas’ (ElConfidencial.com, 31/12/2011)
Las diputaciones, reconocidas en la Constitución, ya son ayuntamientos compartidos por cientos de pueblos menores. Su misión es prestar apoyo jurídico, contable, económico y financiero (recaudación de impuestos municipales, etc.) así como asistencia técnica específica al municipio. Compartir servicios y gestión en aras de un mayor ahorro y eficiencia. Por tanto, no cabe otro escalón administrativo más sin recurrir a las duplicidades. Una simple apertura de sede local en cada comarca sería suficiente, y puede que ni eso gracias a la administración electrónica. Mejor 52 diputaciones, una por provincia, que en Castilla tienen su arraigo, y que evitan una excesiva centralización autonómica del poder, que cientos de consejos comarcales y miles, más de 8.000 en toda España, ayuntamientos en la práctica inoperantes y sin presupuesto relevante gobernados por mindundis, y en muchos, casos impresentables caciques.
Pero es que además, según la agencia de calificación internacional, Standard & Poor’s (5/11/2011), que alaba a las diputaciones por su bajo endeudamiento (el gran problema de la economía española), considera que ‘son el escalón más solvente de la administración española, por encima del de las comunidades autónomas y los ayuntamientos’. Como funcionan bien, las suprimimos. Eso es lo que proponen no pocos políticos, de todos los partidos (PSOE, CiU, ERC, BNG, IU, ¿UPyD?... al tiempo que defienden la 'comarcalización'), ignorantes del funcionamiento y del papel que juegan éstas en el desarrollo rural castellano y de toda España. Se nota que además de ineptos, son urbanitas. Aquí lo que funciona rematadamente mal son las autonomías, la mitad arruinadas y colapsadas, que han confundido su papel creyéndose mini Estados cutres de la señorita Pepis a quienes muchas transferencias les vienen grandes, pese a lo cual parecen intocables, tal es el poder que atesoran. El mapa autonómico fue, al menos para Castilla, un auténtico desastre, ejecutado y diseñado en la Transición por políticos caciquillos locales reciclados a demócratas de derechas e izquierdas 'de toda la vida' deseosos de mantener sus privilegios (y repartirse poltronas), y políticos no castellanos (interesados en restarnos fuerza en el nuevo deporte español de chantajear al Estado que se avecinaba) a partes iguales, y que nos condujo a una impresentable división de la meseta en hasta cinco inoperantes e irrelevantes CCAA, a cual más cutre, saltándose toda lógica geográfica e histórica. De Santander a Puertollano, todo campo castellano, una sola comunidad. Castilla y punto.
Javier Martínez
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