El primer aspecto, y más preocupante, es la política de cobertura de vacantes y bajas que está llevando la administración desde hace años. Aunque bien podríamos llamarle la política de NO sustitución de estas situaciones. Es vergonzoso, a la par que preocupante, que bajo el amparo de la austeridad económica, se estén suprimiendo recursos de centros públicos educativos.
Cabe destacar que parte de estas sustituciones en ocasiones ocurren en categorías profesionales de atención directa con el alumnado, con el riesgo que conlleva para el propio alumnado. Es el caso sin ir más lejos de las escuelas infantiles.
El segundo aspecto denunciable es que estamos hablando de un sector altamente precario, con multitud de categorías y contratos considerados fijos discontinuos. Estamos siendo sometidos a continuas amortizaciones de puestos, a perdidas de derechos y a la continua vulneración de nuestro convenio colectivo.
Por último también queremos destacar y mostrar nuestro más absoluto rechazo ante la bajada salarial y aumento de jornada al que se ha visto sometido el sector.
Respecto a la bajada salarial, 2ª en menos de dos años, cabe destacar que muchos y muchas de los “privilegiados/as” que verán mermados sus ingresos tienen sueldos que no llegan a los 1000 euros.
Y respecto al aumento de las horas, de 35 a 37,5 semanales, nos preocupa no sólo el hecho, sino el fin. Y es que siendo objetivos, no encontramos explicación a dicha medida.
Se trata de unas medidas injustas, insolidarias y que en poco o nada van a ayudar a solventar los problemas que afectan a nuestra comunidad.
Y por último, pero no por ello menos importante, queremos denunciar el ninguneo al que se nos está sometiendo a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. No es concebible, ni tampoco legal, que la administración decida de forma unilateral incumplir acuerdos firmados con este Comité de Empresa. Acuerdos vigentes, que estaban negociados, consensuados y firmados por ambas partes.
Desde aquí manifestamos que a nuestro parecer estas no son las formas que deben regir las relaciones entre administración y los interlocutores de los trabajadores y trabajadoras, y abogamos por que sea el respeto y el exhaustivo cumplimiento de la legalidad los principios que marquen esta relación.
También animamos a todos los usuarios de los servicios públicos (la totalidad de la ciudadanía), a que acompañen y participen en todas las medidas de protesta que sean convocadas, como por ejemplo la próxima manifestación convocada para el día 11 de febrero en Toledo, y bajo el lema “EN DEFENSA DE LO PÜBLICO”.
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No(
