Según ha dado a conocer el presidente de la Diputación Provincial, Benjamín Prieto, la Junta Electoral ha decidido archivar la denuncia presentada por el PSOE el pasado miércoles, por un presunto “uso indebido de recursos de Diputación”, al entender que lo denunciado no encaja dentro de las infracciones tipificadas en el artículo 50 de la Ley Electoral ya que ni ha habido campaña electoral institucional alguna, ni acto organizado por la Diputación con ese objetivo.
La decisión de la Junta Electoral ante la que cabe recurso, pone de manifiesto, según ha explicado Prieto, que los socialistas han optado, en esta campaña electoral, por hacer ruido y difamar, “una estrategia que no es nueva”, ha recordado Prieto, dentro de los usos del Partido Socialista.
Prieto también ha anunciado que “estamos estudiando emprender acciones legales” para aclarar cómo esa carta amparada por el secreto de las comunicaciones ha llegado a manos de los dirigentes socialistas, al entender que podría presuponerse que se ha cometido, incluso, un delito.
Finalmente Prieto ha querido tener unas palabras de reconocimiento hacia Julián Huete, el vicepresidente segundo de la Institución al que los socialistas han pedido su dimisión por este asunto, del que ha dicho conocer “su nivel de exigencia ética personal”.
Por su parte Julián Huete ha recordado que la denuncia viene motivada por catorce cartas que se enviaron a alcaldes y concejales del Partido Popular, a sus domicilios particulares, y que se trata esta de una práctica, la de remitir correspondencia desde los grupos políticos de la Corporación Provincial, con cargo a las arcas de la institución, “que nos hemos encontrado y que se remonta por lo menos a los doce últimos años”.
Medidas de control. Huete también ha recordado “en aras a la transparencia que se debe a todos los ciudadanos de los recursos públicos”, que los dos grupos políticos que conforman la Corporación Provincial reciben al año 21.291,73 euros fijos, y 4.705, 83 euros por diputado al año, de modo que el grupo socialista percibe 73.055, 86 euros al año (6.088 euros al mes), y el Popular 87.173,77 euros el grupo popular al año (7.264,48 euros al mes), porque tiene tres diputados más. Un sistema de reparto “que también nos hemos encontrado” y que garantiza, según ha explicado Huete, la suficiencia económica de los Grupos.
Por esta razón, “y porque no hay mal que por bien no venga”, Huete ha anunciado que “siguiendo el rebrote de ‘ética’ que parece haber sacudido al señor Sahuquillo por el uso de los medios públicos” el Equipo de Gobierno de la Diputación ha decidido regular el uso de los bienes de la institución y en breve enviará a los dos grupos políticos instrucciones al respecto. Huete ha adelantado que en adelante se prohibirá a ambas formaciones el uso de material de oficina propio de la diputación (sobres, folios, carpetas, tarjetas, etc.), se prohibirá el uso del franqueo pagado, se prohibirá el uso de las fotocopiadoras de la Diputación, algo habitual entre los socialistas ya que, mientras el Grupo Popular dispone de un equipo multifunción de fotocopiadora, impresora y fax propio, comprado con sus recursos, el socialista venía utilizando las de la institución ya que no dispone en propiedad ni de fotocopiadora, ni de fax, y si dispone de impresora es porque la Diputación se la ha cedido.
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