La ignorancia de la señora De Cospedal en materia castellano-manchega es sobradamente conocida, por lo que no han de chocarnos sus últimas invitaciones a Cuenca alabando la belleza de las Casas “Colgantes” y “Encantadas”; ni hemos tampoco de asustarnos cuando su atrevida señoría osa poner en duda a la Justicia, a las Fuerzas de Seguridad o a la ciudadanía, si se le pone por delante.
Tampoco deberíamos asustarnos, por tanto, cuando asegura que, si llega al Gobierno de Castilla-La Mancha, eliminará instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo Consultivo. Ella no está dispuesta a duplicar nada que no sean sus sueldos, aunque haya dicho por una radio que no sabe cuánto dinero ahorraría suprimiéndolas. De hecho, ahora parece haber pensado (y ya es mucho suponer) que “dejarían de funcionar momentáneamente, por un tiempo indefinido y hasta que se compruebe su eficacia". Y nos preguntamos, ¿cómo se puede comprobar la eficacia de algo que ha dejado de funcionar? Imposible, por lo que pensamos que hay otro objetivo oculto.
Y es que lo que en realidad pretende esta señora es sacarse de un plumazo a quien considera un posible enemigo para a continuación situar en ese puesto a alguien de su entorno que le permita campar a sus anchas en el que sería su nuevo cortijo, nuestra querida y para ella desconocida región. Y es que hasta sus compañeros de partido en Andalucía o Castilla y León se han desmarcado de esas descabelladas propuestas de eliminación de mecanismos de control del poder. Y esto porque el actual Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha tiene mandato hasta diciembre de 2012.
Pero aún más grave es el hecho de que esta propuesta es un fraude de ley. Me explico: Cospedal dice que, de poder hacerlo, suspendería temporalmente una ley en vigor, concretamente mientras sus efectos no fueran gratos para ella; pero luego recuperaría la aplicación de la ley, tras asegurarse de que aquel que antes le desagradaba pudiera ser sustituido por alguien “de su cuerda”. Eso es ser un trilero y tratar de que los votos legitimen una trampa en las reglas del juego.
Pero creo que debemos denunciar esa maniobra, pues ¿cómo fiarse de quien con un mensaje demagógico propone bajar la calidad de nuestro sistema democrático suprimiendo a su antojo los controles de poder cada vez que le desagradan? ¿Vamos a estar callados ante tales propuestas? ¿Qué guarda en la trinchera? ¿Será la próxima el esparadrapo en la boca?
Por cierto, el costo de tener un defensor gratuito para los bolsillos de los castellano-manchegos es de algo así como un euro por ciudadano y año. ¡Vaya dispendio insufrible para quien se embolsa 240.000 euros al año!
Menos mal que de aquí a mayo van a ponerse de manifiesto las carencias de esta señora y del grupo de adláteres que la rodean. La rodean los mismos que a Molina y que a Suárez-Illana, los mismos que llevan treinta años beneficiándose del progreso que ha traído a esta tierra gente como el presidente Barreda o como quien fuera nuestro alcalde, el señor Martínez Cenzano. Que no vengan ahora a ponerse medallas, que no nos las creemos.
Por cierto, la única forma de suspender la aplicación de una Ley es derogándola. Luego puede aprobarse otra. A eso debe llamarlo la señora Cospedal “democracia avanzada”. Yo prefiero decir lo que un sesudo articulista escribía hace días y que le es de aplicación: “Hay políticos que invierten el principio de Arquímedes: Desalojan más de lo que pesan”.
Pesa poco el discurso de Cospedal. Pero en su entorno genera más preguntas y sospechas que tranquilizadoras certezas.
Ramón Pérez Tornero,
Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cuenca
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