La Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público de Cuenca solicita la suspensión de obras para macroaparcamientos por irregularidades administrativas y daños al patrimonio histórico. Denuncian la falta de informes necesarios y exigen transparencia, reparación de daños y cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática ante ADIF y el Ministerio de Transportes.
La Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca ha presentado este domingo una solicitud formal ante el Canal Ético de ADIF para la suspensión inmediata de las obras destinadas a la construcción de dos aparcamientos en terrenos de ADIF, situados en el centro urbano de Cuenca. La petición se fundamenta en presuntas irregularidades administrativas y en los daños al patrimonio histórico derivados de un proyecto que, según la Plataforma, carece de rigor legal y transparencia.
La organización denuncia que las obras fueron aprobadas el 19 de mayo de 2023 por la Comisión Regional de Urbanismo de Castilla-La Mancha sin contar con los informes preceptivos y vinculantes exigidos por la normativa vigente. Entre los documentos ausentes se encuentran el informe favorable de la Consejería de Educación y Cultura y el de la Consejería de Medio Ambiente, ambos esenciales para la protección patrimonial y el cumplimiento de la normativa ambiental.
Según la Plataforma, estas omisiones han facilitado la demolición de un cargadero de ganado de 1912, cuya declaración patrimonial estaba en trámite. Además, se han generado posibles daños a un refugio de la Guerra Civil de 1938, que no fue identificado en los proyectos de obra. La Ley 20/2022 de Memoria Democrática establece que estos vestigios históricos deben estar protegidos y requieren una evaluación previa antes de cualquier intervención.
Ante esta situación, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Cuenca exige la suspensión inmediata de las obras hasta que se presenten todos los informes pendientes y se realice una auditoría independiente que evalúe los daños patrimoniales causados. Asimismo, demandan la reparación urgente de los restos históricos afectados y la aplicación estricta de la Ley de Memoria Democrática. Finalmente, reclaman transparencia total en la documentación del proyecto y la asunción de responsabilidades por parte de ADIF y el Ministerio de Transportes ante las posibles irregularidades cometidas.
"No es aceptable que, en pleno siglo XXI, se prioricen intereses especulativos sobre el patrimonio colectivo. Exigimos que ADIF y la Junta de Comunidades rectifiquen de inmediato y asuman su responsabilidad en este despropósito que atenta contra la historia, la legalidad y la dignidad de la ciudad", concluye la Plataforma.
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