El SEPRONA investiga a cuatro personas por delitos ambientales y laborales tras la paralización de una planta de residuos animales en Castilla-La Mancha. Se detectaron graves irregularidades biosanitarias, almacenamiento ilegal y riesgo para los trabajadores. La Guardia Civil inmovilizó miles de toneladas de desechos almacenados irregularmente.
El SEPRONA de la Guardia Civil investiga a cuatro personas como presuntos autores de delitos de riesgo catastrófico, contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, y por falsedad documental, al promover la parada de la actividad de la planta que gestionaba los residuos animales SANDACH Categoría 1 de toda Castilla-La Mancha (corresponde básicamente a residuos que contengan cuerpos o partes de animales sospechosos de estar infectados por enfermedades y que presentan mayor riesgo de poder transmitirlas, animales sacrificados por aplicación de medidas de erradicación de enfermedades, animales de experimentación, así como productos de animales a los que se les haya administrado sustancias prohibidas o contaminantes) , por numerosas y graves irregularidades biosanitarias y medioambientales.
Los agentes tuvieron contacto por primera vez con esta mercantil en agosto de 2023 como consecuencia de las quejas de los ciudadanos de Puertollano por malos olores provenientes de sus instalaciones. Estos malos olores estuvieron en principio motivados por un incendio en una de sus máquinas, enfriadora de harinas, que en julio obligó realizar el enfriamiento manual del residuo, circunstancia por la que se propagó el hedor fuera de sus instalaciones.
En marzo del año en curso el representante de una mercantil dedicada al transporte de este tipo de residuos SANDACH Categoría 1, denunció unos impagos por los servicios prestados a la mercantil investigada y aparte llamó la atención sobre la Planta de Transformación en la que según el existían ciertos remolques retenidos y cargados durante muchos días con cadáveres en sus instalaciones, además de una cisterna para la recogida de lixiviados de los cadáveres de animales; también informó de graves irregularidades en cuanto a prácticas que se realizaban en la planta fabril como el almacenamiento irregular de grasas de origen animal. Igualmente se hizo alusión a la gran peligrosidad a la que se veían expuestos los trabajadores de la planta por los gases que allí se originaban por la materia orgánica en descomposición, y que han puesto en grave riesgo la vida de los trabajadores.
Por la unidad de SEPRONA se realizaron inmediatamente las gestiones oportunas para verificar dicha información, que resultó cierta y se procedió también a tomar muestras en el arroyo cercano llamado Bermeja, correspondiente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde se estaban vertiendo directamente sin depurar lixiviados procedentes de la industria.
Las irregularidades observadas fueron muy numerosas y muy graves, tanto que eran incompatibles con que esta planta estuviese activa, tanto por falta de autorizaciones y registros oficiales, como por el riesgo biosanitario que corrían los operarios, así como el riesgo medioambiental.
Cuando la Autoridad Regional competente paralizó la actividad, la Guardia Civil realizó un seguimiento del cumplimiento de la paralización, dando como resultado que durante varias semanas los responsables de la industria hicieron caso omiso de la orden de la Consejería. Esta mercantil era adjudicataria del servicio de recogida y gestión de este tipo de residuos de toda Castilla-La Mancha.
Se inmovilizaron miles de toneladas de material denominado “desecho”, mezclas de grasas y harinas cárnicas, que se hallaban almacenadas irregularmente en diversas naves fuera del recinto de la industria, encontrándose este residuo a disposición de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria.
Los atestados policiales instruidos al efecto, en los que a estas cuatro personas se les atribuyen los delitos de riesgo catastrófico, contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores y por falsedad documental, fueron puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Puertollano, iniciando diligencias previas.
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