El Grupo Popular del Ayuntamiento de Cuenca cuestiona la contratación externa de servicios jurídicos para casos de vulneración de derechos fundamentales, señalando falta de transparencia y solvencia técnica. Detectan irregularidades en el proceso de contratación, generando dudas sobre posibles intereses políticos en la elección del despacho adjudicatario.
El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cuenca ha indicado que las dudas y sospechas sobre la contratación externa de los servicios letrados correspondientes a los Procedimientos de Vulneración de Derechos Fundamentales aperturados por el Jefe de la Policía Local y su Segundo ante la iniciación de expedientes sancionadores se han confirmado, una vez que hasta el propio secretario del Ayuntamiento ha señalado que el Despacho en cuestión no ha demostrado su solvencia técnica.
Como ya advirtió el PP municipal, el Ayuntamiento de Cuenca, a través de un Decreto del alcalde, procedió a la contratación de dichos servicios jurídicos sin especificar el importe y sin desarrollar los motivos que llevaron a su externalización. Motivo por el que el portavoz del GMP, Álvaro Barambio, requirió información en el pleno ordinario del mes de mayo, pero obteniendo la callada por respuesta optó por el realizar la consulta por escrito, siendo facilitados los documentos del expediente en cuestión el día 11 de junio.
Para el Grupo Popular, el análisis de dichos documentos es cuanto menos sorprendente debido, en primer lugar, a que la motivación parece surgir de la imposibilidad de la Asesoría Jurídica de acometer dicho trabajo por el exceso de carga y por la especialidad de la materia (los derechos fundamentales en este caso). “Esta argumentación es liviana puesto que no dejan de ser Procedimientos Judiciales con una complejidad y extensión dentro de la normalidad, e incluso menor a lo habitual, y además cabe recordar que el Ayuntamiento se ha visto inmerso en otros Procedimientos de Vulneración de Derechos Fundamentales y en ninguno se ha procedido a realizar una externalización, sino que ha sido la propia Asesoría Jurídica la que lo ha tramitado”, declaraba Barambio al recordar, sin ir más lejos, el que tiene apelado en el TSJ el propio Ayuntamiento como consecuencia de la Sentencia que declaró nula la denegación del Pleno Extraordinario sobre la Ley de Amnistía que pidió el propio Grupo Popular.
Asimismo, los populares han explicado que “ninguna matización, especificación, desglose o puntualización se detalla en el informe de necesidad en relación con la idoneidad del beneficiado, tal y como establecen las propias Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2022 (prorrogado al 2024)”.
Igual de curioso, y sobre todo sospechoso para el PP, es que el importe exacto de dicho contrato no figurase en el Decreto, indicando solamente que era menor de 2.500 euros. “De ahí que pidiéramos explicaciones al Equipo de Gobierno de Dolz y, una vez comprobada la documentación, hemos detectado que efectivamente era menor en 0.14 céntimos, lo cual viene a poner de manifiesto lo precisos que son en cuanto a la fijación de las cuantías en el despacho agraciado ya que, sino se podría llegar a pensar que estamos ante ‘una oferta hecha a medida’ para no tener que saltar ningún filtro”, alertaba.
Los populares también han mostrado su preocupación ante la nota informativa del Secretario de la Corporación Municipal incluida en la documentación, en la que se indica que ‘no queda acreditada la imposibilidad de pedir otras ofertas’, así como que ‘no está justificada la razón de que se haya acudido a una determinada empresa ya que no consta en el expediente la solvencia técnica para justificar el por qué se dirigen a esa determinada empresa’. “Pero, sin embargo, el alcalde hizo caso omiso a dicha información, continuando con ella sin motivo ni justificación aparente que remitiese al despacho finalmente contratado”, lamentaba Barambio.
Ante todo esto, para el Grupo Popular resulta lógico preguntarse si el Despacho adjudicatario cuenta con la suficiente solvencia técnica para participar en un tema tan sensible y relevante en nuestra ciudad, lo que a juicio del propio Secretario del Ayuntamiento no queda acreditado, o si existe algún otro interés subjetivo de carácter político para adjudicar el citado contrato como también se puede llegar a sospechar. “Lo cierto y verdad es que cualquiera de las dos opciones es reprochable y más en un asunto en el que siempre se ha pedido la más contundente defensa de la presunción de inocencia y de la pulcritud en la tramitación, por afectar a un servicio tan esencial y especial como es nuestra Policía Local”, finalizaba.
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