El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado contra las propuestas de financiación autonómica del Gobierno estatal, que pretenden dar a Cataluña un “tratamiento especial”. En nombre de la igualdad rechaza cualquier concesión de “privilegios” en materia financiera. Una postura que sería coherente y admirable si el gobierno que preside practicara la igualdad proclamada, como forma habitual de gobernar la región. Pero Emiliano García-Page, discrimina y reparte privilegios en su comunidad, perjudicando de manera especial a la provincia más desfavorecida y despoblada, sin rendir cuentas a nadie. Buena muestra del trato discriminatorio es la política seguida en materia de ferrocarril.
Por una parte, el presidente García-Page con mayoría en las Cortes de Castilla-La Mancha se comprometió a impedir “la arbitraria actuación del Ministerio de Transportes”, que condenaba al olvido y la despoblación a la comarca Campos de Hellín y la sierra de Segura, ocasionando un daño social irreparable. El presidente asumió defender la proposición no de ley de las Cortes (septiembre de 2021) que rechazaba “rotundamente la pretensión del Ministerio de transportes del Gobierno de España de clausurar el tráfico de viajeros y de mercancías de la línea férrea Chinchilla-Cartagena, ... por el daño social que produce a las comarcas”. Además, solicitó al Ministerio y al administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF), “la búsqueda de todas y cada una de las posibilidades técnicas que impidan semejante arbitrariedad, así como ...impulsar “la creación, de trenes regionales Albacete-Murcia con parada en Hellín, que consigan que las comarcas ... continúen disfrutando de un servicio público de transportes acorde con los tiempos, evitando ser condenadas al olvido y la despoblación”. Por último, se mostraba dispuesto a presionar al Gobierno de España “para la inclusión de la línea convencional Albacete-Murcia-Cartagena, dentro de las obligaciones de servicio público con las que Renfe opera en otras partes del Estado”.
Esta contundente defensa de la línea Albacete-Murcia-Cartagena, no tiene nada que ver con el “tratamiento especial” que la Junta de Castilla-La Mancha ha venido desplegando en el ferrocarril regional Madrid-Cuenca-Valencia. Durante más de treinta años la Junta ha permitido que el gobierno del estado y la empresa pública ADIF se dedicaran a degradar la línea Madrid-Cuenca-Valencia, no llevando a cabo las inversiones aprobadas para su mantenimiento. Posteriormente, García-Page ha colaborado con el Ministerio y ADIF para que en vez de llevar a cabo la inversión de un 0,7 % del total previsto por el Ministerio de transportes hasta 2026, procedieran a la arbitraria destrucción del ferrocarril. El acuerdo para el desmantelamiento de la línea férrea oportunamente degradada se llevó a cabo sin contar con las comarcas ni los pueblos de la provincia por donde discurría el tren y para favorecer el pelotazo urbanístico, a costa de los terrenos públicos. El Proyecto contra Cuenca presentado por el Ministerio de transportes (diciembre de 2021), dejaba a la provincia, como la única de España sin terminales de mercancías y sin servicio de viajeros regionales en 17.141 km2. La mayor ventaja de este tratamiento especial de destrucción es que los fondos europeos y regionales no invertidos en la línea Madrid-Cuenca-Valencia, se podían destinar a otras provincias de la región con más población y más competitivas.
A la vista de lo expuesto, si comparamos la política seguida por Emiliano García-Page en la línea Madrid-Cuenca-Valencia con la llevada a cabo en la de Albacete-Murcia-Cartagena, resulta evidente que su estrategia de discriminación está encaminada a que la provincia más desfavorecida de la región no disfrute de un servicio público de transportes acorde con los tiempos y sea condenada al olvido y la despoblación. Esta singular forma de hacer política, que mantiene a Cuenca pobre y despoblada, es la que permite al presidente García-Page mantenerse en el poder y a la comunidad castellanomanchega obtener más fondos europeos, que se seguirán repartiendo injustamente priorizando los intereses de las provincias con mayor número de votantes, para ganar las siguientes elecciones.
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