Durante la reunión Mariscal no dudó en calificar la situación como “grave” y recalcó el escaso margen de maniobra que tiene el Consorcio para corregir el rumbo “al estar adelantada y consumida la partida presupuestada por la Diputación para 2011” y cuando es “altamente improbable” que los ayuntamientos que forman parte del consorcio realicen el pago de más del 10% de la cuota de participación así como de los atrasos.
En este punto Mariscal ha recordado que “los anteriores responsables socialistas, con Ávila a la cabeza, dejaron de pagar las facturas en 2010 y se comportaron de forma absolutamente desleal con los trabajadores porque ni siquiera presupuestaron la cantidad comprometida con ellos para cubrir sus nuevas retribuciones”. Mariscal subraya lo que considera un hecho anómalo y es que “con un presupuesto de 4,12 millones de euros, el Consorcio destine más del 92 por ciento de su presupuesto al capítulo de personal”, algo absolutamente irreal si se compara, ya no sólo con una empresa privada sino con cualquier otra administración.
Es esta anomalía, explica Mariscal, junto con la dejadez en la gestión, con presupuestos prorrogados, la ausencia de convocatorias de la Junta General o la adopción de compromisos gravosos a espaldas de los ayuntamientos y obviando los informes de los técnicos, lo que ha puesto en peligro la pervivencia de este servicio.
Y en este sentido, Mariscal señala que la “gota que ha colmado el vaso” es “un convenio colectivo con un elevadísimo coste económico que en un breve plazo de tiempo ha duplicado los gastos sin diversificar ni conseguir más ingresos”. Para más INRI, no se ha realizado ningún seguimiento al desarrollo de este Convenio con lo que, unido a la mala gestión y a una deficiente planificación del trabajo, “nos encontramos con resultados como que, sólo en los seis primeros meses del año ya se han pagado 100.000 euros por horas extraordinarias”, explica Mariscal.
Es en este punto en el que Mariscal considera que “antes de pedir ayuda y trasladarle el problema a otras entidades, debemos consensuar una organización diferente, reconvertir algunos puestos y unas retribuciones acordes con nuestro entorno y con nuestras posibilidades de ingresos reales”, propuesta que, en definitiva, es la que se trasladó a los trabajadores para su estudio. Mientras tanto y como soluciones de urgencia, Mariscal solicitó un adelanto a la Diputación, que permitirá pagar las nóminas de agosto, y una modificación presupuestaria en la medida de sus disponibilidades económicas. Aunque lo considera difícil dada la situación económica, Mariscal también espera que los Ayuntamientos del consorcio hagan frente a sus compromisos con el mismo.
El Convenio colectivo afecta a 64 trabajadores laborales, 58 bomberos y 6 operadores, termina su vigencia el próximo 31 de diciembre pero se mantendrá prorrogado hasta tanto no sea sustituido por un nuevo convenio. A cuatro meses de terminar su vigencia, todavía no se han hecho efectivos muchos de sus artículos de contenido económico y, sin embargo, ha supuesto, por el momento, unos gastos adicionales de 1,2 millones de euros en los últimos meses.
Si (
No(
