El secretario general del PSOE de la provincia de Cuenca, José Luis Martínez Guijarro, ha constatado hoy “la inmensa preocupación de nuestros alcaldes una vez conocido el alcance del plan de recortes de la señora De Cospedal, especialmente en la medida en que puedan afectar a los servicios que prestan a sus ciudadanos”. Y es que esta mañana ha presidido la reunión de coordinación municipal celebrada con los 125 alcaldes del PSOE de la provincia para “hacer una reflexión sobre cuál es la situación de los Ayuntamientos desde el punto de vista financiero y de los distintos proyectos que tienen que desarrollar de cara al futuro, así como ver cuál es el nivel de afección que pueden tener con este plan de recortes presentado por De Cospedal”
Y es que, ha añadido, “en esos 1.800 millones de euros hay algunas partidas que van directamente dirigidas a los Ayuntamientos, como 400 millones en subvenciones que en una parte importante recibían y utilizaban para financiar servicios esenciales para los ciudadanos que viven en esos municipios, sobre todo en los más pequeños”. Según ha dicho, “recortar casi 400 millones de euros en el capítulo de gastos de Personal de la Junta significa inexorablemente despidos o no contratación de empleados públicos que habitualmente se contrataban para prestar servicios”.
Martínez Guijarro ha señalado que lo que hay que analizar en estos momentos es cómo se va a actuar según se vaya produciendo esa reducción de recursos por parte del Gobierno regional, teniendo en cuenta que “el planteamiento de los alcaldes del PSOE es seguir manteniendo al máximo el nivel de prestación de servicios que ellos entienden que son imprescindibles, especialmente aquellos de carácter social”. Así las cosas, dice, “hay que ver cuál es la financiación que queda para estos servicios y considerar entonces qué decisiones tienen que tomar los alcaldes”.
Según ha apuntado el responsable socialista, “por culpa de los recortes de De Cospedal, estos alcaldes sólo tienen dos alternativas, o dejar de prestar servicios como la ayuda a domicilio, las viviendas tuteladas o las guarderías en los pueblos, o incrementar las aportaciones que tienen que hacer los usuarios de estos servicios”. En este sentido ha enfatizado que “nos parece tremendamente injusto descargar esa responsabilidad en los Ayuntamientos, sobre todo porque son consecuencia de decisiones que ellos no han tomado y que, en su inmensa mayoría, no comparten”.
Especial preocupación han trasladado los alcaldes con lo que pueda ocurrir con la Educación y la Sanidad, máxime en el primer caso con “los problemas que se están dando en la apertura del curso escolar, con institutos que no han podido abrir aún por el importantísimo recorte de sus plantillas y, con ello, la dificultad de cuadrar los horarios”. Una situación que, resalta, “significa dar un paso atrás de decenas de años en lo que hace referencia a la calidad de la Educación pública”.
Algo similar a lo que pueda ocurrir en la Sanidad con esa prohibición de De Cospedal de prohibir contratar interinos por parte del Sescam. Así, “la preocupación que existe es qué va a ocurrir si el médico o la enfermera del pueblo tiene un problema y no se les puede sustituir. ¿Cómo se van a resolver este tipo de situaciones en unos pueblos que, en muchos casos, tienen una población muy envejecida y en la que son potenciales usuarios de una manera más intensa de estos servicios sanitarios?”
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