El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Santiago Moreno, señaló durante su intervención en sede Parlamentaria que, con esta Ley, el Gobierno del presidente Barreda mejorará la gestión de los trámites en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, “simplificando y dotando de mayor rapidez a la tramitación administrativa, con el consiguiente ahorro de costes y de tiempo”, con lo que se establecerá un marco propicio para la puesta en marcha de nuevas iniciativas y proyectos relacionados con este sector.
Asimismo, recordó que esta actuación “se enmarca en el Plan de Consolidación de las Finanzas y los Servicios Públicos de Castilla-La Mancha”.
La ley castellano-manchega será la segunda ley autonómica sobre esta materia tras la entrada en vigor de la Directiva Europea 2006/123/CE relativa a los Servicios en el Mercado Interior, una vez publicada la legislación básica estatal y autonómica para su transposición.
Esta norma se adapta a la Directiva de Servicios, que pretende facilitar la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios en la Unión Europea. De esta manera, en Castilla-La Mancha se desarrolla el marco normativo europeo en materia de espectáculos y actividades recreativas fomentando la calidad de dichos servicios y reforzando los derechos de los usuarios. Al mismo tiempo, se eliminan obstáculos jurídicos y administrativos para la creación y organización de espectáculos y actividades recreativas.
Para ello, se implantará un régimen general de declaración responsable que permite la posibilidad de celebración o desarrollo de espectáculos públicos, actividades recreativas o apertura de los establecimientos públicos previstos en el catálogo que figura como anexo en la propia Ley mediante la presentación de un documento en que se comunica su inicio y la asunción de la responsabilidad en el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para ello.
En todo caso, se establece la posterior comprobación por parte de la Administración como garante de los intereses generales, quedando restringido el régimen de autorizaciones y licencias a determinados supuestos en que razones imperiosas de interés general lo justifican y delimitan.
Se contemplan tanto los supuestos de exención de licencia o de declaración responsable, como la necesidad de autorización o licencia si en el establecimiento existe una especial situación de riesgo por disponer de recinto catalogado de riesgo alto o de carga térmica global elevada.
El régimen general de declaración responsable, basado en criterios de aforo y de seguridad para las personas y bienes, va a implicar que la mayoría de los espectáculos, actividades y establecimientos de nuestra región no necesiten licencia o autorización municipal, por no tener un aforo superior a 150 personas. Además, hay supuestos tasados de establecimientos que aun superando tal aforo no necesitarán licencia, como cines, teatros, museos, bibliotecas o salas de exposiciones, entre otros.
Asimismo, se establecen las actuaciones de vigilancia y de inspección para garantizar la compatibilidad de la seguridad con los servicios de ocio.
La norma también contempla medidas acerca de la accesibilidad de las personas a los recintos y establecimientos en los que se desarrollan actuaciones de ocio y medidas para la protección de los menores. Además, se recoge la colaboración entre administraciones para facilitar la cooperación y la coordinación entre los órganos competentes del Gobierno de Castilla-La Mancha y de los Ayuntamientos para el cumplimiento de la ley.
Por otro lado, se crea la Comisión Regional de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos como órgano consultivo, de estudio, coordinación y asesoramiento en la que estarán representados los agentes sociales, económicos y administrativos relacionados con esta materia, y también se configuran los Registros de Organizadores y Establecimientos Públicos que facilitarán la tramitación administrativa y desarrollarán las labores de vigilancia e inspección para la observancia de la norma.
Finalmente, Moreno aseguró que estamos ante una norma moderna, clara y abierta, que asume los principios establecidos por la Unión Europea, necesaria y demandada por los sectores implicados y además altamente participada y consensuada, que aboga por la simplificación administrativa sin olvidar las responsabilidades de la Administración, “confiando más en el ciudadano, en el emprendedor y en su responsabilidad como primer interesado”.
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