CCOO solita al Gobierno regional la renovación de la convocatoria de ayudas a su contratación, imprescindible para que los ayuntamientos cumplan su obligación legal de conservar su documentación debidamente organizada y descrita, con el fin de lograr una gestión administrativa transparente y eficaz y de posibilitar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información municipal; además debe velar por la protección, recuperación y difusión del patrimonio documental del municipio.
El Gobierno regional no ha realizado este año la habitual convocatoria para que ayuntamientos y mancomunidades contraten técnicos en archivos municipales, lo que ha provocado ya la extinción de entre 30 y 40 contratos en un sector en el que la temporalidad y la eventualidad son las características palmarias.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Castilla-La Mancha, que se han dirigido a los archiveros y archiveras de la región para trasladarles su preocupación y su apoyo, está pendiente de mantener una reunión con las consejerías responsables en materia de Archivos -según establece la vigente Ley de Archivos Públicos, la de Administraciones Públicas y la de Cultura-, para poder transmitir a sus actuales responsables esta misma preocupación por el futuro del colectivo de archiveros municipales y para solicitar que se renueven los programas desarrollados hasta la convocatoria del año 2010.
La falta este año de la correspondiente convocatoria acaba con una larga trayectoria de apoyo desde la Administración Regional a las entidades locales para la organización de los archivos y el tratamiento de la documentación municipal.
Aunque no es un colectivo de trabajadores muy numeroso, se trata de una parte de la administración local que es vital para alcanzar el grado de eficacia que se espera y demanda de la cosa pública y que recoge la ley autonómica de Archivos.
Una ley que fundamenta la finalidad de los archivos en tres principios recogidos en la Constitución de 1978: el principio de eficacia de las Administraciones Públicas (art. 103.1); el derecho de acceso de las personas a los archivos y registros administrativos (art. 105.b) y la conservación del Patrimonio Documental Público (art. 46).
La FSC-CCOO recuerda que los Ayuntamientos están obligados legalmente a conservar su documentación debidamente organizada y descrita, con el fin de lograr una gestión administrativa cada día más transparente y eficaz, que posibilite el derecho de los ciudadanos a acceder a la información municipal. Además debe velar por la protección, recuperación y difusión del patrimonio documental del municipio.
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