Huete también ha anunciado que se está trabajando en las bases de este recurso y que en los próximos días se enviará una carta a los ayuntamientos facilitándoles toda la información al respecto y animándoles también a presentar su propio recurso, teniendo en cuenta que Hacienda ha comunicado su resolución de manera individual a cada uno de los consistorios.
En este punto, el vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Carlos Algaba, ha recordado que este procedimiento lo inicia el Gobierno Central, todavía con Zapatero al frente del Ejecutivo, al considerar que el plan impulsado por la Diputación era ilegal por tratarse de un procedimiento de endeudamiento a largo plazo. Algaba considera la resolución “políticamente demoledora” al poner de manifiesto que Juan Ávila “por incapacidad o por obcecación” prescindió del cumplimiento de la legalidad.
Algaba ha recordado que en sus valoraciones sobre esta resolución, el secretario provincial del PSOE y portavoz en las Cortes, José Luis Martínez Guijarro, “persona de confianza del señor Emiliano García-Page” señalaba que la diferencia entre el plan diseñado por el Gobierno de Rajoy y el de Ávila es “que Rajoy puede escribir en el BOE a través de un Decreto Ley y el presidente de la Diputación no lo podía hacer". Una afirmación que Algaba considera “gravísima” porque puede dar a entender que los diseñadores del plan sabían que estaban quebrantando la ley y porque puede dar a entender que eso “les importaba un bledo”. En este punto Algaba ha lamentado que esa sea la “verdadera cara del PSOE” un partido para el que el sistema democrático y de derecho se termina donde empiezan sus intereses.
Y es que Algaba considera que la resolución viene a demostrar que el Plan de Apoyo Financiero a los Municipios fue, en realidad, una maniobra para salvar de la bancarrota a los principales ayuntamientos socialistas de la provincia.
En este sentido ha recordado que prácticamente un tercio de las ayudas solicitadas (alrededor de 13 millones de euros) las pidieron cinco consistorios gobernados entonces por el PSOE y que acumulaban importantísimas deudas e impagos a proveedores ya en el año 2008. Así, los consistorios que más dinero solicitaron fueron el ayuntamiento socialista de Tarancón, que pidió 2.209.130,82 euros; el ayuntamiento socialista de San Clemente, que solicitó 1.199.767,63 euros; el ayuntamiento socialista de Las Pedroñeras, gobernado entonces por Yolanda Picazo, que pidió 990.000,00 euros; el de Quintanar del Rey, también socialista, que pidió 829.620,86 euros; y el ayuntamiento socialista de Motilla del Palancar pidió 826.008,41 euros.
Algaba ha recordado que, a pesar de los reparos que formuló el Grupo Popular durante la tramitación del Plan, también hay, entre los otros 95 ayuntamientos que se reparten el resto del dinero solicitado, ayuntamientos gobernados por el PP. “El primero el mio” ha remarcado, Algaba, para explicar que muchos de estos ayuntamientos recurrieron al Plan para tratar de solventar la situación de asfixia a las que les tenía sometido la Junta de Barreda y fiados de la reputación de la Diputación Provincial que avalaba la operación.
Algaba ha terminado solicitando a Juan Ávila que presente su dimisión como alcalde toda vez que, con su presidencia en la Diputación Provincial, ya ha demostrado que es un “peligro político” para los intereses de Cuenca.
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